Acción contencioso-administrativa

Este instrumento jurídico permite que una persona física o jurídica pueda acudir a los tribunales para que decidan sobre la impugnación de resoluciones públicas de la Administración Pública. Si una persona no está de acuerdo con ciertas resoluciones, normas o con la inactividad o retraso de la Administración puede interponer una acción contencioso-administrativa para que un juez resuelva la controversia.

El ejercicio de interponer esta acción es un derecho fundamental que salvaguarda el acceso a los tribunales en la jurisdicción contencioso-administrativa.

A pesar de que esta acción vaya frente a las Administraciones Públicas, y los jueces sean parte de esta administración, ellos actúan con imparcialidad y acorde a la legalidad.

Las principales características de las acciones contenciosas son:

• Pueden interponerlas las personas físicas o jurídicas.
• La acción solo se puede dirigir frente a la Administración Pública.
• Los ciudadanos pueden impugnar las decisiones o la inactividad. Esta inactividad puede entenderse como silencio administrativo.
• Solo podrán interponerse en este proceso contencioso aquellas acciones consideradas contencioso-administrativas.
• Funciona como impulso procesal, al iniciar el proceso judicial.
• Esta acción es distinta a la acción administrativa, la cual no se interpone ante tribunales sino que se reclama frente al mismo órgano de la Administración Pública.
• Las pretensiones de estas acciones solo pueden tener fundamento en el derecho administrativo.
• Estas acciones tienen plazo, es decir, si el ciudadano no interpone la misma en un plazo determinado, ya no podrá recurrir frente a la Administración Pública. El plazo varía si se recurren actos expresos o presuntos.
• Estas acciones pueden conllevar el recurso contra infracciones administrativas. Estas infracciones son aquellas conductas tipificadas por el código administrativo como conductas contrarias al orden público y a la legalidad.
• Finalmente, lo que tiene que decidir el juez es si ha habido alguna vulneración del derecho subjetivo del ciudadano o administrado.
• En la jurisdicción contenciosa no es necesario procurador pero sí abogado.

Esta acción busca iniciar un procedimiento judicial contencioso- administrativo. Pero, ¿qué temas se pueden tratar?

• Procedimientos sobre construcción y urbanismo. Por ejemplo, si se deniega la cédula de habitabilidad puede llegar a interponerse esta acción. También una declaración de ruina.
• Obligación de obras de conservación o reforma.
• Infracciones y sanciones administrativas. Por ejemplo, reclamar una infracción por cazar en un lugar que no sea un lugar acotado para ello.
• Problemas de personas trabajadoras para la Administración Pública.
• Derecho tributario.