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Derecho a la vida

Te explicamos qué es el derecho a la vida y qué tratados internacionales lo protegen. Su conflicto con la pena de muerte.

¿Qué es el derecho a la vida?

El derecho a la vida es uno de los derechos humanos más fundamentales, si no el más fundamental, constituidos en la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos.

Es el derecho que tiene cualquier ser humano del mundo a seguir viviendo, sin que se atente contra su existencia por mano de terceros, sean estos personas o instituciones (gubernamentales o no). Además, les protege de cualquier forma de maltrato o violencia que hagan de su vida una existencia indigna.

El derecho a la vida se justifica en numerosos enfoques filosóficos, religiosos, sociológicos, éticos e incluso biológicos. Es tenido como fundamental en numerosos tratados internacionales y legislaciones civiles, siendo la base de cualquier otro conjunto de derechos reconocible.

Se considera que la esclavitud, el terrorismo, el genocidio, la desaparición forzada y los malos tratos atentan en contra de este derecho humano básico. Cualquier persona que incurra en dichas actividades podrá y deberá ser perseguida y enjuiciada por los distintos gobiernos del mundo, sin que este tipo de crímenes prescriba jamás.

Sin embargo, como otros derechos, el derecho a la vida no es absoluto ni rotundo. Existen situaciones en las que la violencia es usada con legítimo derecho, como las situaciones de conflicto armado.

Aun así, existe un conjunto de normas respecto a qué situaciones justifican violentar a otro ser humano y qué delitos son, sencillamente, injustificables y se consideran por lo tanto crímenes en contra de la humanidad.

En cambio, otros casos son particularmente polémicos a la hora de hablar del derecho a la vida, como son el aborto, la eutanasia, el suicidio o la pena de muerte.

Ver además: Derechos fundamentales

Tratados internacionales

El derecho a la vida está consagrado en numerosos órdenes internacionales, siendo el más importante de todos el artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que reza: “Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona”.

Otros tratados que también contemplan este derecho son:

  • El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos;
  • La Convención Americana sobre Derechos Humanos;
  • La Convención sobre los Derechos del Niño;
  • El Pacto de San José de Costa Rica;
  • La Convención para la Sanción del Delito de Genocidio;
  • La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;
  • La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes;
  • La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Derecho a la vida infantil

El derecho a la vida, en el caso infantil, se mide a través de diferentes índices y tasas que diversas organizaciones internacionales como la ONU emplean para medir la calidad de vida en los países.

Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un método diseñado en 1990 para evaluar del desarrollo de los países que considera la preservación de los derechos humanos, ni al desarrollo de las capacidades de la población. Así se diferencia de la medición del Producto Interno Bruto (PIB), que ofrece información meramente económica.

Y junto al IDH, para medir el derecho a la vida infantil, se considera la Tasa de Mortalidad Infantil y de Menores de 5 años (TMM5), calculada según los siguientes parámetros:

  • El conocimiento en materia de salud de la madre;
  • El número de médicos disponibles por cada 1000 habitantes;
  • La tasa de vacunación del país;
  • El acceso a servicios sanitarios de maternidad e infantil;
  • La ración de alimentos por habitante;
  • Los ingresos y la presencia de alimentos del hogar;
  • La disponibilidad del agua potable y de procesos de saneamiento;
  • La seguridad social disponible para el niño.

Pena de muerte

La pena de muerte o pena capital es la sentencia a morir que se admite en algunos países y órdenes jurídicos. En ellos, el Estado decide que los crímenes cometidos y comprobados son imperdonables, y ameritan la ejecución del acusado. Este castigo tuvo su origen en el Derecho Romano, y se administraba sobre todo para el perduellio (traición a la patria).

La pena de muerte no es bien vista por quienes luchan por el derecho a la vida, ya que un Estado que ejecuta a sus ciudadanos contradice semejante derecho y podría, dadas las condiciones, administrar este castigo a discrecionalidad.

Aun así, actualmente, de los países que integran la ONU, 55 mantienen la pena de muerte en sus legislaciones, aunque fuertemente normada, y 102 la han abolido definitivamente.

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Referencias