Expropiación petrolera en México: causas y consecuencias
La expropiación petrolera en México consistió en la nacionalización de la industria petrolera radicada en al país. Tuvo lugar en 1938, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. La legislación aplicada a este proceso fueron Ley de Expropiación del año 1936 y el artículo 27 de la Constitución Mexicana.
Desde el descubrimiento del primer pozo de petróleo en el país, la explotación de este valioso recurso había estado en manos privadas. Durante el Porfiriato, los yacimientos pasaron a empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses.
El triunfo de la Revolución Mexicana fue el inicio del cambio en la política petrolera del país. La Constitución de 1917 incluía un artículo, el 27, que declaraba que el subsuelo mexicano y sus riquezas eran propiedad nacional. A pesar de eso, no llegó a realizarse ninguna acción legal.
En los años 30, las malas condiciones laborales de los trabajadores provocó la creación de un sindicato. Sus acciones contaron con el apoyo del presidente Cárdenas. La falta de acuerdo y la pretensión de que el Estado obtuviera las ganancias de ese recurso energético, hicieron que el gobierno nacionalizara la industria mediante un decreto.
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El primer pozo de petróleo superficial fue perforado en 1862 en el estado de Tabasco. México estaba gobernado por el Emperador Maximiliano, quien emitió un decreto permitiendo la explotación de este recurso, siempre y cuando el gobierno diera permiso. Con esta legislación, se otorgaron 38 concesiones petroleras a particulares.
A partir de 1886, ya bajo la presidencia de Porfirio Díaz, comenzaron a llegar a México las primeras empresas estadounidenses para hacerse cargo de los yacimientos. Ese año, se inauguraron las primeras refinerías en Veracruz: El Águila y la de la empresa Water Pierce Oil Company, ambas de capital de los Estados Unidos.
En 1890, se creó la Compañía Petrolera Mexicana de California en San Luis Potosí y en 1896 el Grupo Sinclair se asentó cerca de la ciudad de Tampico. En poco tiempo, las explotaciones se multiplicaron.
La competencia para conseguir concesiones fue muy dura y fue El Águila quien salió vencedor de ella. En 1910, esa empresa manejaba el 50% del mercado. Ocho años después, la mayoría de sus acciones pasaron a manos de la Royal Dutch Shell.
La política económica del Porfiriato trató de atraer inversores extranjeros al país. Así, favoreció su control de las minas y de los yacimientos de petróleo, algo que fue repudiado por los líderes de la Revolución Mexicana.
Entre las medidas tomadas por el gobierno de Porfirio Díaz estuvo la Ley del Petróleo, promulgada en 1910. Esta norma establecía una serie de privilegios para las empresas petroleras extranjeras, como no tener que pagar impuestos de exportación de los equipos necesarios para explotar los yacimientos.
Igualmente, el capital invertido quedó libre de ningún gravamen fiscal durante los siguientes diez años. Por último, se dio vía libre a la compra de terrenos nacionales a precio de baldíos.
Esta ley también señalaba que las empresas podían realizar exploraciones y explotar el petróleo encontrado a cambio de pagar al gobierno central un 7% de los beneficios, así como otro 3% al gobierno del estado en el que estuvieran los pozos.
La Revolución Mexicana de 1910 significó un cambio en las políticas petroleras. Francisco Madero, primer presidente tras la primera fase de la revolución, inició un proceso para regular la actividad. Su derrocamiento por el golpe de Estado de Victoriano Huerta, no le permitió afianzar su política.
Durante el breve gobierno de Huerta, los estadounidenses intervinieron para que sus compañías petroleras no pagaran los impuestos que Madero había anunciado.
La segunda fase de la Revolución acabó con el régimen de Huerta, quien fue sustituido por Venustiano Carranza. Este recuperó la política reguladora de Madero y ya en su Plan de Guadalupe estableció la necesidad de promulgar una legislación nacionalista sobre el petróleo.
En 1915, comenzó a funcionar la Comisión Técnica del Petróleo, cuyo cometido era organizar la industria en el país. El primer paso fue restablecer las relaciones con las compañías que se encontraban en territorio mexicano.
Un año más tarde, en abril de 1916, la Comisión publicó un informe en el que afirmaba la necesidad de que la riqueza del subsuelo quedara fijada como dominio del país. Así, la nueva Constitución, promulgada en 1917, estableciera el derecho de propiedad nacional sobre el suelo y el subsuelo relacionados con el petróleo.
A pesar de quedar recogido en la Constitución, la ley que debía poner en práctica el artículo tardó años en redactarse. Los gobiernos de Carranza, de la Huerta y Obregón, tuvieron que enfrentarse a la resistencia de las compañías petroleras y a las presiones de los Estados Unidos.
En 1923, el gobierno de Álvaro Obregón y los representantes estadounidenses firmaron los Convenios de Bucareli. Estos estaban centrado en la aplicación retroactiva de la ley sobre la minería y el petróleo, así como sobre los impuestos aplicados a las compañías de los EE.UU, Obregón se vio obligado a reducir la presión fiscal y a retrasar la ley nacionalista.
El sucesor de Obregón, Plutarco Elías Calles, decidió no aguantar más presiones. Así, aceleró la promulgación de la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución. El Congreso la aprobó en noviembre de 1925.
Según dicha ley, las compañías petroleras quedaban obligadas a renovar y confirmar sus concesiones, a pagar más impuestos y a cumplir con las normas legales mexicanas. Las empresas se querellaron contra el gobierno, situación que continuó hasta la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia.
Las causas principales de la expropiación de la industria del petróleo fueron, fundamentalmente, el deseo por parte de México de aprovechar sus propias riquezas naturales y, por otra parte, las malas condiciones laborales de los trabajadores en los yacimientos.
Las reivindicaciones obreras habían comenzado ya a mediados de la década de los 20. Las compañías petroleras consiguieron evitar durante diez años que se formaran sindicatos, pero el 27 de septiembre de 1935 apareció el primero: el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Este sindicato se convertiría en poco tiempo en uno de los dominantes de la Confederación de Trabajadores de México, por lo que se reconocía el derecho de sus miembros, entre otras cosas, a la huelga.
En esa época, los trabajadores mexicanos cobraban bastante menos que los extranjeros. Esta situación alimentó muchos conflictos laborales. Las huelgas pronto comenzaron a convocarse, interrumpiendo la producción cada poco tiempo.
No solo las demandas laborales estaban causando malestar en México hacia las compañías petroleras extranjeras. En el país, desde hacía ya varias décadas, existía el convencimiento de que las ganancias obtenidas por sus recursos no repercutían en absoluto en su propio bienestar.
Las petroleras extranjeras habían estado consiguiendo ganancias enormes con el petróleo mexicano, sin que eso repercutiera en una mejora en las condiciones de vida de la población.
Cárdenas inició una serie de reuniones con representantes de las empresas para intentar buscar una solución negociada. Sin embargo, los encuentros acabaron sin ningún tipo de acuerdo.
Aunque, posiblemente, Cárdenas podría haber encontrado algún modo para realizar la explotación, no hay duda de que el artículo 27 de la Constitución de 1917 abrió la posibilidad para hacerlo más fácilmente.
Ya en 1914, Luis Cabrera había propuesto que el Estado tuviera más beneficios de la explotación del petróleo. A partir de ese momento, el gobierno comenzó a poner en prácticas medidas que reivindicaran la propiedad estatal de las riquezas del subsuelo.
Cuando se reunió el Congreso Constituyente, ya había un claro consenso para distinguir legalmente entre la propiedad del suelo y la del subsuelo. El resultado fue el artículo 27, que señalaba que mientras el primero podías ser de titularidad privada, el segundo, junto con sus riquezas, pertenecía a la nación.
La tensión en el interior de los yacimientos petroleros empezó antes de los años 30. En 1924, los trabajadores ya había organizado algunas huelgas, pero fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado.
Sin embargo, ese mismo año, se convocó un paro en Tampico contra la refinería El Aguila que obligó a la empresa a reconocer al sindicato y a firmar un convenio colectivo de trabajo.
Una década después, en 1935, se fundó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Una de sus primeras medidas fue redactar un proyecto en el que se reivindicaba la jornada laboral de 40 horas, además del pago del salario completo en caso de enfermedad.
En 1937, los trabajadores comenzaron a presionar a las empresas para que firmaran ese proyecto. La negativa de estas provocó que el sindicato las demandara ante la Junta General de Conciliación y Arbitraje. Además, el 31 de mayo comenzó una huelga que duraría hasta el 9 de junio.
La excusa de las empresas petroleras para no atender a las demandas de los trabajadores fue que no contaban con recursos suficientes para ello. Sin embargo, un estudio realizado por una comisión de peritos desmintió tal afirmación, declarando que sus beneficios eran muy superiores a lo declarado.
Las compañías acogieron con rechazo ese informe. El 18 de diciembre, tuvieron que presentarse ante la Junta de Conciliación que las condenó a pagar 26 millones de pesos por las retenciones en los salarios por la huelga de mayo.
En 1936, el gobierno había promulgado una ley que regulaba las expropiaciones de empresas y propiedades por causas de utilidad pública.
Su primer uso fue en junio de 1937, cuando el Estado expropió los Ferrocarriles Nacionales de México. Con esto, solucionó la huelga de trabajadores de ese sector. Este antecedente fue fundamental para lo que ocurrió con la industria petrolera.
El 18 de marzo de 1938 fue el día clave en la historia de la expropiación petrolera. Por la mañana se conoció el laudo de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje que rescindía el contrato colectivo entre las empresas y el sindicato petrolero.
Los representantes de las compañías acudieron rápidamente a entrevistarse con Cárdenas. Ante el fallo en su contra, prometieron subir los salarios a los obreros, pero el Presidente les advirtió de que ya era tarde.
Según los historiadores, la decisión estaba prácticamente tomada desde una semana antes. Las empresas amenazaron al Estado con retirar todas las inversiones y abandonar el país, bajo la protección de sus gobiernos respectivos.
El decreto de expropiación fue presentado el mismo 18 de marzo, a las diez de la noche. Mediante el mismo, Lázaro Cárdenas, con el apoyo del Congreso, ordenaba expropiar todos los bienes e inmuebles de las 17 compañías petroleras estadounidenses y británicas que operaban en suelo mexicano. Las concesiones previas quedaron anuladas.
A la mañana siguiente, los trabajadores tomaron posesión de las compañías afectadas. EL gobierno emitió otro decreto para crear un Consejo de Administración del Petróleo que coordinara la administración temporal de los bienes y actividades.
Las reacciones al decreto de expropiación no se hicieron esperar. El Reino Unido rompió relaciones diplomáticas y Estados Unidos y los Países Bajos decretaron un embargo comercial, además de retirar a todo el personal técnico.
Por otra parte, los estadounidenses dejaron de comprar el petróleo y la plata mexicana, dando preferencia al oro negro venezolano.
En el interior del país, por otra parte, el apoyo popular a la medida fue espectacular. El 23 de marzo estalló una manifestación espontanea de respaldo a la que acudieron más de cien mil personas. El 19 de abril, se desarrolló otra marcha, esta protagonizada por mujeres.
La población comenzó a donar dinero para pagar las indemnizaciones previstas por la expropiación. El esfuerzo fue notable, aunque solo pudieron reunir unos 2 millones de pesos. La emisión de bonos tampoco pudieron cubrir la cantidad a pagar, aunque si demostraron la popularidad de la medida.
Incluso sectores opuestos a Cárdenas, como la Iglesia Católica y empresarios conservadores, mostraron su apoyo a la decisión del gobierno.
Cuando los técnicos e ingenieros extranjeros dejaron México, el gobierno tuvo que hacerse cargo de las explotaciones. El primer organismo que se hizo cargo fue la Administración General del Petróleo Nacional (AGPN).
Un mes más tarde, se creó la Distribuidora de Petróleos Mexicanos para controlar la comercialización del petróleo. El 7 de junio se emitió un decreto, que entró en vigor el 20 de julio, mediante el que se conformaba la Compañía de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con el objeto de encargarse de la exploración, producción y refinación del petróleo.
No solo los gobiernos extranjeros reaccionaron contra México. Standard Oil y la Royal Dutch Shell iniciaron una campaña de boicot contra el país, tratando de impedir que pudiera comprar algunos productos químicos indispensables para la refinación del petróleo.
Uno de esos productos era el tetraetilo de plomo. México resolvió el problema reformando la gasolina. Algo después, estudiantes de química del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma consiguieron sintetizar el producto.
Con el tiempo, el boicot fue perdiendo fuerza y México pudo comprar maquinaria a Alemania, Italia y otros países europeos
A finales de 1939, el gobierno mantuvo conversaciones con los estadounidenses para negociar el pago de las indemnizaciones. Las primeras cifras que las compañías pusieron sobre la mesa eran inasumibles para México, ya que se acercaban a los 32 millones de dólares.
Durante los meses siguientes, las conversaciones continuaron. Poco a poco, las pretensiones de las compañías expropiadas se redujeron, quedándose en 14 millones de dólares.
Finalmente, el acuerdo se cerró el 1 de mayo de 1940. Los estadounidenses accedieron a recibir 8,5 millones, que serían pagados en un plazo de 3 años. Además, recibirían 20 millones de barriles a un precio inferior al de mercado.
Existe bastante consenso entre los historiadores sobre el hecho de que, sin la presión de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no hubiera permitido la expropiación. Con la guerra a la vista, el presidente Roosevelt prefirió mantener una alianza con México.
Durante un tiempo, el boicot provocó que los únicos compradores de petrolero mexicano fueran Japón y Alemania, algo que duró hasta 1937. Sin embargo, los aliados levantaron el embargo en 1941, en parte debido a la buena relación entre Cárdenas y Roosevelt.
El petróleo también fue la razón de la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió cuando dos de sus barcos petroleros fueron hundidos por submarinos alemanes.
- Serrano Álvarez, Pablo. Para entender la expropiación petrolera. Obtenido de relatosehistorias.mx
- Navarro, Armando. La expropiación petrolera, ¿cuál es el legado real del cardenismo?. Obtenido de noticieros.televisa.com
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