Definición de régimen fiscal
Del latín regimen, régimen es el sistema político y social que rige una cierta región y el conjunto de normas que regula una cosa o una actividad. El concepto también refiere a la formación histórica de una época (régimen político).
Fiscal, por su parte, es lo perteneciente o relativo al fisco. Este último término está vinculado al tesoro público o a los organismos públicos que se dedican a la recaudación de tributos e impuestos.
El régimen fiscal es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situación tributaria de una persona física o jurídica. Se trata, por lo tanto, del conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica.
El régimen fiscal actúa como guía a la hora de la liquidación y el pago de los impuestos. En el momento de desarrollar una actividad económica, las personas deben registrarse en alguna categoría para cumplir con las obligaciones del fisco. Por lo general, suelen presentarse diversas opciones, es decir, diversos regímenes fiscales a los que puede someterse según las características de su negocio.
La legislación tributaria de cada país determina las condiciones de los regímenes fiscales. La cantidad de dinero a desembolsar, los vencimientos, las declaraciones y todo lo referente a los impuestos dependen de las normativas vigentes en los distintos territorios que, además, pueden cambiar con el tiempo.
Es posible cambiar de régimen fiscal si la actividad económica se desarrolla de manera diferente a la prevista y las obligaciones del marco ya no se ajustan a la realidad.
Regímenes fiscales de personas físicas
En primer lugar es necesario definir el concepto de persona física: se trata de cualquier individuo que tenga la capacidad de asumir obligaciones y hacer uso de sus derechos. En este contexto específico, entre sus características se encuentra la posibilidad de realizar actividades que estén dentro del marco de la ley.
Para efectos fiscales, las personas físicas se agrupan en: las que prestan servicios; las que realizan actividades comerciales; las que trabajan para un empleador y cobran un salario.
Salvando las características propias de cada país, los contribuyentes tienen la obligación de aportar dinero para el gasto público a través del pago de impuestos y esto surge, a su vez, de las actividades que realicen. Entre las muchas posibilidades se encuentra la prestación de servicios, el arrendamiento de bienes inmuebles, los trabajos bajo relación de dependencia y las actividades comerciales.
Una actividad comercial lleva implícitas la compra y la venta de artículos a cambio de un lucro o ganancia para quien la realiza; por otro lado, prestar un servicio consiste en trabajar por cuenta propia, sin depender de un empleador. La tercera posibilidad, el trabajo por un salario, es la prestación de un servicio pero en una organización cuya jerarquía cuenta con roles por encima del empleado.
Existen ciertos casos especiales, que no pueden englobarse en las actividades antes mencionadas, y que también pertenecen a un régimen fiscal determinado:
* las remuneraciones adicionales (llamadas emolumentos) que recibe el consejo de administración;
* los ingresos de los diplomáticos de embajadas extranjeras y de organismos de carácter internacional;
* los ingresos que reciben las fuerzas armadas, las entidades federativas y los municipios;
* los anticipos que reciben los miembros de asociaciones y sociedades civiles.
Contribuir con el gasto público no sólo es una obligación, sino que representa un beneficio muy importante para la economía de un país, ya que es una de sus principales fuentes de ingresos. Los regímenes fiscales a los que una persona física puede pertenecer son varios y dependen directamente del tipo de actividad que lleven a cabo, así como del promedio de sus ingresos.