Definición de poder judicial
Todo Estado cuenta con tres poderes básicos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. A través de estas facultades, que se ejercen mediante diversas instituciones, el Estado puede desarrollar, modificar y aplicar leyes, además de ejecutar políticas públicas.
El poder judicial es la facultad estatal que permite la administración de justicia a través de la aplicación de las leyes. De este modo, el Estado resuelve litigios, protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir las obligaciones y responsabilidades inherentes a cada parte de la sociedad.
Cuando el concepto aparece escrito con mayúsculas iniciales (Poder Judicial), se refiere a los órganos e instituciones que se encargan de la aplicación de las normativas jurídicas, como los tribunales y los juzgados. Bajo un sistema democrático, el Poder Judicial funciona de manera autónoma respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, de forma tal que se garantice la imparcialidad en sus fallos.
El Poder Judicial, de este modo, puede proteger al ciudadano de eventuales abusos cometidos por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. El funcionamiento del Poder Judicial, a su vez y al igual que el resto de los poderes, está regido por la Constitución (que reúne las normas fundamentales que regulan la actividad del Estado).
Si el presidente de un país (máximo líder del Poder Ejecutivo) comete un abuso de poder y viola los derechos de los ciudadanos, el Poder Judicial puede salvaguardar los intereses de las personas mediante diversos recursos. En cambio, si quien actúa mal es un funcionario del Poder Judicial, el Poder Legislativo tiene la facultad de someterlo a un juicio político.
De acuerdo con la teoría clásica de Charles Louis de Secondat, pensador político conocido popularmente con el nombre de Montesquieu y autor de uno de los legados más influyentes de la Ilustración, gracias a dividir los poderes los ciudadanos tienen garantizada su libertad. Lamentablemente, esto no ocurre siempre.
El funcionamiento del Poder Judicial es permanente; sus órganos son estables y tienen funciones que no pueden delegarse. Es importante resaltar que el Poder Judicial no tiene la facultad de actuar de oficio (cuando se inicia una diligencia judicial sin que la parte interesada haya actuado), sino que debe hacerlo a pedido de parte (cuando la parte interesada exige su actuación), y no puede juzgar sobre los contenidos de la ley sino según la misma.
Un concepto altamente ligado al de Poder Judicial es el de jurisprudencia, ya que representa el grupo de decisiones que toman los tribunales con respecto a un asunto determinado. A través del análisis de la jurisprudencia es posible conocer la interpretación que los jueces dan dado a cada caso, y esto la convierte en un elemento fundamental del principio unificador.
El principio unificador de la jurisprudencia hace referencia a la búsqueda de coherencia entre las interpretaciones de los jueces sobre una misma materia, y es el Tribunal Supremo de Justicia el órgano que lo aplica. La jurisprudencia, por lo tanto, es una doctrina que exige conocer el pasado para decidir cómo actuar en el presente: a través del estudio de las sentencias pasadas se llega a determinar la mejor manera de aplicar las leyes.
El máximo representante del Poder Judicial es el Tribunal Supremo de Justicia y su principal función es controlar la legalidad y la constitucionalidad de los actos que lleva a cabo el Poder Público, basando su ejercicio en las leyes y la Constitución. Tiene autonomía funcional, administrativa y financiera y lo conforman diferentes salas, entre las que se encuentran la penal, la constitucional, la electoral y la social. Dichas salas, a su vez, constan de magistrados.