Historia

Ley Lerdo: antecedentes, en qué consiste, consecuencias


¿Qué es la Ley Lerdo?

La Ley Lerdo, oficialmente Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas, fue promulgada en México el 25 de junio de 1856. En ese momento gobernaba el Presidente sustituto Ignacio Comonfort y el Ministro de Hacienda era Miguel Lerdo de Tejada.

Una de las características de la propiedad en el país, ya desde la época colonial, era la acumulación de tierras en manos de la Iglesia. Muchos de esos terrenos se conocían como Bienes de Manos Muertas, que no producían nada.

El propósito principal de la Ley fue desamortizar esas propiedades. De esta forma, se decretaba que los bienes inmuebles en poder de la Iglesia o de las corporaciones debían venderse a particulares. Se trataba, de acuerdo a los legisladores, de reanimar la economía y hacerla más moderna.

Enmarcada dentro de las leyes emitidas por los liberales, generó mucha oposición entre los sectores afectados. A corto plazo, aparte de las consecuencias económicas, ese conjunto legislativo fue una de las razones por las que estallaría la Guerra de Reforma.

Antecedentes

Desde la época colonial congregaciones pertenecientes a la Iglesia, además de algunos particulares, acumularon muchos bienes inmuebles. La legislación de la Corona favorecía al clero, pero esa concentración de posesiones perjudicó a la economía del Virreinato.

Uno de los primeros intentos de cambiar la situación se dio antes de que México se declarara independiente. Fue en 1782, en el Yucatán, cuando se promulgó una ley para desamortizar los bienes eclesiásticos.

Dentro de ese intento, destacaba la autorización otorgada a las autoridades para vender las posesiones de la Iglesia a favor de la hacienda pública.

Liberales vs conservadores

Ya durante la Guerra de Independencia, en México habían existido dos bandos totalmente diferenciados en todos los temas ideológicos.

Por una parte, estaban los sectores conservadores, aquellos que habían apostado por mantener una monarquía y se habían mostrado contrarios a cualquier legislación liberal.

En la otra facción se encontraban los liberales. Se habían posicionado en favor de crear una república federal. Tenían claras influencias de la Ilustración y de las ideas liberales que recorrían Europa enfrentándose contra los absolutismos.

La última ocasión en la que Antonio López de Santa Anna ocupó el poder, había sido a instancias de los conservadores. Frente a su dictadura, que casi deviene en una monarquía, se levantaron los sectores liberales de la población.

De esta forma nació en Plan de Ayutla, una declaración política cuyo objetivo era hacer caer a Santa Anna. En el Plan, se establecía la necesidad de convocar un Congreso Constituyente para dotar al país de una Carta Magna moderna y con ideas avanzadas.

Cuando los firmantes de Ayutla tuvieron éxito en su enfrentamiento contra Santa Anna, nombraron a un presidente interino, Ignacio Comonfort. El día 16 de octubre de 1856, el Congreso comenzó a redactar la Constitución prometida.

Iglesia

No cabe duda de que uno de los actores más importante en la historia mexicana hasta esa fecha, había sido la Iglesia Católica.

Amparada por una legislación favorable y por una influencia social incuestionable, había conseguido una gran riqueza. De hecho, a mediados del siglo XIX era el mayor terrateniente y rentista del país.

Cuando los partidarios del Plan de Ayutla llegan al poder, la Iglesia se siente amenazada. Una de las pretensiones declaradas de los vencedores era acabar con los privilegios de la institución eclesiástica, además de con los de otros sectores sociales.

De esta manera, la promulgación de leyes para alcanzar ese fin no se hicieron esperar, comenzando por la llamada Ley Lerdo.

¿En qué consiste la Ley Lerdo?

Los legisladores consideraban que la acumulación de bienes en unas pocas manos, especialmente cuando eran tierras infrautilizadas, había sido un gran error histórico. La economía era muy estática y no se habían desarrollado industrias relacionadas con la propiedad.

Antes de que se desarrollara la Ley Lerdo, la Iglesia y las corporaciones civiles poseían la mayoría de las propiedades del país. El pueblo, mientras tanto, solo podía, en el mejor de los casos, pagar rentas para trabajar en esas tierras.

Una de las bases del pensamiento de los liberales era la desamortización de los bienes eclesiásticos. Consideraban que la economía mejoraría, ya que los antiguos arrendatarios procurarían darle mejor rendimiento a las tierras. Además, pensaban que las inversiones iban a crecer.

La intención era que apareciera una clase media de propietarios, como había ocurrido en muchos países europeos. De acuerdo con sus cálculos, los que quisieran comprar las tierras desamortizadas tendrías un descuento de más de un 16%.

A pesar de esas intenciones, los liberales no pretendían perjudicar demasiado a la Iglesia. Dentro de la legislación que preparaban entraba un pago justo por sus bienes.

El Estado, por su parte, cobraría los impuestos correspondientes. Así, teóricamente, todos los sectores implicados ganaban.

Ley Lerdo

La Ley Lerdo, promulgada por el Presidente Comonfort y elaborada por el Ministro Lerdo de Tejada, marcaba un gran cambio social en la economía mexicana.

La primera medida destacada era la prohibición de que la Iglesia y las corporación civiles poseyeran bienes raíces. Solo quedaban exentos aquellas propiedades destinadas al culto.

Todos los bienes inmuebles del clero se vendería, preferentemente, a sus arrendatarios. La Ley marcaba el precio de dicha transacción, calculando su valor por la renta al 6 por ciento anual.

Si, por las razones que fueran, los arrendatarios no solicitaban la venta en el plazo de tres meses, cualquier otro interesado podría comprarla. Si nadie llegaba a reclamarla, la propiedad se pondría a subasta.

Para intentar que otros sectores económicos crecieran, la Ley daba permiso al clero a reinvertir las ganancias obtenidas en empresas agrícolas o industriales.

Propiedades excluidas

La Ley no pretendía que la Iglesia y las corporaciones perdieran todas sus propiedades. Las excepciones quedaron reflejadas en el artículo 8, señalándose aquellos bienes que no serían objeto de ningún cambio de propiedad.

De forma general, todos aquellos edificios que estuvieran destinados al objeto específico de las corporaciones, no serían susceptibles de ser enajenados. Entre ellos, los conventos, palacios episcopales o municipales, colegios, hospitales o mercados.

Entre los bienes pertenecientes a los ayuntamientos, los no afectados por la Ley eran los dedicados al servicio público, ya fueran ejidos, edificios o terrenos.

Impuestos

Aunque el principal objetivo de la Ley era revitalizar la economía a costa de ofrecer bienes al sector privado, también había un artículo que favorecía al Estado.

De esta forma, cada venta efectuada tenia un impuesto del 5%. Con esto, se pretendía incrementar la recaudación, mejorando las cuentas del país.

Inquilinos hostiles

Los legisladores también tuvieron en cuenta la posibilidad de que hubiera inquilinos hostiles al gobierno que se negaran a comprar la propiedad ofrecida. Por eso, como se comentaba antes, se establecieron unos plazos específicos.

En primer lugar, en caso de que el arrendatario no reclamase la compra en los tres meses posteriores, cualquier otra persona podría hacerlo y comprarla. Si nadie se mostraba interesado, el bien en cuestión saldría a pública subasta.

Consecuencias

Repercusión en los indígenas

Uno de los colectivos que salieron perjudicados, además de la Iglesia, fue el de los pueblos indígenas. Estos, tradicionalmente, habían organizado sus tierras en ejidos o comunitarias y tenían, a efectos legales, categoría de corporación. Por lo tanto, la Ley Lerdo obligaba a su desamortización.

La mayoría de la riqueza de las comunidades indígenas se basaba, precisamente, en esas tierras, por lo que afectó mucho a su economía. Normalmente, las tenían alquiladas a terceros que, automáticamente, tuvieron la opción de comprarlas.

Los representantes de los pueblos indígenas trataron de negociar con Miguel Lerdo de Tejada, solicitando que se hiciera una excepción. Sin embargo, el gobierno no atendió a sus peticiones.

En ocasiones, las comunidades acudieron a la justicia para evitar la enajenación de los bienes, intentando comprarlas de manera individual.

La mayoría de las veces la estrategia no funcionó. Era un proceso caro y no todos podían seguirlo hasta el final y, además, hubo muchos casos de corrupción para favorecer a terceros interesados en esas tierras.

Creación de latifundios

La Ley Lerdo tuvo un efecto inesperado y contrario al espíritu con el que se había promulgado. El motivo principal era que aparecieran pequeños propietarios que se hicieran cargo de las tierras que ya trabajaban, retirándole la propiedad a la Iglesia. Sin embargo, acabó provocando la aparición de grandes latifundios.

La causa fue que, en la mayoría de los casos, las tierras fueron subastadas al mejor postor, ya que los arrendatarios originales no podían asumir el gasto de adquirirlas. Así, las subastas fueron aprovechadas por inversionistas, mexicanos y extranjeros, para crear grandes haciendas o latifundios.

Al final, los arrendatarios siguieron trabajando, pero en lugar de hacerlo para la Iglesia o las corporaciones, lo hacían para esos empresarios

Este acaparamiento, que se pretendía evitar, fue una de las causas de la aparición de muchos grupos revolucionarios en los siguientes años. La petición de una reforma agraria fue constante en el país hasta la Revolución Mexicana.

Consecuencias políticas

La Ley Lerdo, junto con otras promulgadas en ese mismo periodo, tuvo muy mala acogida entre los grupos afectados. La Iglesia, los conservadores y algunos militares, comenzaron pronto a conspirar en contra del gobierno.

La Constitución de 1857 agravó aún más la tensión en el país. Los liberales más radicales en el Congreso impusieron sus ideas, por encima, incluso de la moderación que proclamaba Comonfort.

La consecuencia más inmediata de toda esa tensión fue la proclamación del Plan de Tacubaya, por el que los conservadores pedían la retirada de la Constitución y un nuevo Congreso Constituyente. Finalmente, ese sería el comienzo de la Guerra de Reforma, entre liberales y conservadores.