Estado de sitio

El estado de sitio es uno de los regímenes de excepción que operan ante situaciones estatales extraordinarias. No puede utilizarse de forma arbitraria, ya que ha de ser aprobado por la mayoría del poder legislativo.

El estado de sitio implica la posibilidad de suspender ciertos derechos fundamentales. Además, una de sus características primordiales es el protagonismo de las fuerzas armadas, siendo estas, en colaboración con el gobierno, las encargadas de desarrollar las estrategias y medidas necesarias para el restablecimiento de la normalidad.

Las circunstancias catalogadas de extrema gravedad, que son las que motivan la declaración del estado de sitio, son las siguientes: insurrección armada, invasión bélica externa, guerra civil o agresión a la soberanía o a la integridad territorial. Solo en estos casos, en los que la amenaza del país supone un peligro para la ciudadanía, puede ejecutarse el estado de sitio. Y siempre que cumpla con los requisitos formales de su aprobación.

Como depende del derecho interno de cada país, vamos a ver en algunos Estados qué ley lo recoge; para qué situaciones se contempla; y quién y cómo se aprueba:

En España, es el artículo 116 el que recoge su existencia, más concretamente su párrafo cuarto, que establece lo siguiente: “El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones”.

En cuanto a su contenido, la ley que lo desarrolla es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. El capítulo IV es el que contiene lo relativo al estado de sitio. Los motivos por los que puede aprobarse están recogidos en el artículo 32.1: “Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolver por otros medios”.

En los Estados Unidos Mexicanos, el estado de sitio (aunque no se denomina como tal) queda recogido en el artículo 29 de la Constitución de 1917. El motivo de su aprobación es el siguiente: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.

La autoridad competente es el presidente del país, con la aprobación del Congreso de la Unión. Y establece que “se podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y de las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. También recoge que el tiempo ha de ser limitado. Por último, establece una serie de derechos que no pueden suspenderse, como la no discriminación; los derechos de la niñez, así como muchos otros más.

El estado de sitio, en Argentina, también queda recogido en la Constitución. Pero, a diferencia de los países anteriores, lo hace en diferentes capítulos y apartados. En primer lugar, el artículo 23 establece lo siguiente: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creada por ella, se declarará el estado de sitio en la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales”.

Según el artículo 99, es el Presidente quien declara el estado de sitio, pero su aprobación depende del Congreso si se tratase de conmoción interior (art. 75). En caso de ataque exterior, según el artículo 61, la aprobación corresponde al Senado.