Dumping social

Se denomina «dumping» a esta práctica porque se considera que las empresas que lo practican están vendiendo por debajo del coste que realmente deberían soportar si sus trabajadores disfrutaran de condiciones laborales vigentes en los países más desarrollados.

El dumping social consiste en un arbitraje regulatorio mediante el cual las empresas tratan de reducir sus costes a través de la inversión en aquellos países con una regulación laboral, medioambiental y fiscal menos estricta. De este modo, las compañías internacionales consiguen grandes ahorros en mano de obra y costes regulatorios.

El dumping social puede entenderse desde una doble perspectiva. Por un lado, está la elevada protección que conceden los países desarrollados a sus trabajadores. Medidas como salarios mínimos, regulaciones de seguridad laboral o compensaciones por despido, entre otras, generan unos costes que las empresas intentarán evitar o reducir.

Por el otro lado, encontramos países en vías de desarrollo en los que la legislación laboral apenas está desarrollada. En estos países se pueden ofrecer sueldos mucho más bajos y las condiciones laborales están reguladas de manera mucho menos estricta, por lo que los costes para las empresas se reducen.

Ante estas dos situaciones, las empresas multinacionales pueden optar por trasladar su producción de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo para ahorrar costes. Cuando este ahorro de costes derivado de la peor situación laboral deriva en precios más competitivos podemos hablar de dumping social.

Puede ocurrir que situaciones que en principio parecen de dumping social realmente no lo sean. En ocasiones el coste laboral reducido viene motivado por el bajo coste de vida en general del país, no por la desprotección de sus trabajadores. En Camboya, por ejemplo, el salario de $140 que perciben los trabajadores textiles es equivalente al de un profesor y existen derechos básicos como el derecho a huelga. Por lo tanto, un salario bajo (comparados con los de países desarrollados) no tiene por qué implicar la existencia de dumping social.

Para los países desarrollados el principal efecto del dumping social es la pérdida de inversión empresarial y, por lo tanto, de empleo y recaudación tributaria. Al preferir establecerse en otros países para ahorrar costes, las empresas prescinden de sus trabajadores en los países desarrollados y dejan de pagar impuestos a sus gobiernos.

Para los países subdesarrollados la principal consecuencia del dumping social es la precarización laboral. Si los gobiernos utilizan la desprotección laboral como reclamo para atraer inversión extranjera, los trabajadores del país se encontrarán desprotegidos, pudiendo las empresas aprovechar esta desprotección para reducir costes. Esta situación suele ir acompañada de gobiernos corruptos o autoritarios que impiden la movilización de los trabajadores y la lucha por sus derechos

Pero también puede ocurrir que la competencia generada por la llegada masiva de empresas a un país subdesarrollado genere un aumento de salarios y una mejora de las condiciones laborales. De hecho, esta es la consecuencia lógica del incremento de la demanda en el mercado laboral si no existen factores como los mencionados anteriormente que frenen este proceso. Este tipo de consecuencias se empiezan a ver hoy en día en algunas zonas de China, donde el coste laboral reducido ya no es uno de los reclamos para la inversión extranjera.