Directiva europea

El reglamento europeo establece diversas herramientas para alcanzar los objetivos que persigue la Unión Europea. Estas herramientas, en el derecho, se conocen como «actos legislativos». Cualquier tratado que quieran impulsar los países miembros, se alcanzan por medio de los distintos tipos de actos legislativos. Algunos son vinculantes y otros no. Algunos se aplican a todos los países de la UE y otros solo a unos pocos.

En el caso de la directiva europea, y a diferencia del reglamento, como veremos a continuación, hablamos de un acto legislativo, mediante el cual la Unión Europea establece una serie de objetivos que todos los países deben lograr. Sin embargo, esos objetivos establecidos deben lograrse mediante la aplicación de leyes que estos mismos países, cada uno de ellos, deben elaborar bajo su criterio.

Por tanto, la directiva no establece ninguna ley ni norma que los países deban implementar y cumplir. Sino que establece, como hemos dicho, objetivos que los países deben lograr mediante la aplicación de su propia legislación y bajo sus propios criterios.

Un buen ejemplo lo podemos encontrar en la Directiva sobre los derechos de los consumidores. Esta directiva establece los objetivos que se persiguen, y lo que se quiere lograr, pero es el país, con sus propias competencias y sus propios medios, quien debe lograr esos objetivos.

Así, es conveniente resaltar las diferencias entre una directiva europea y un reglamento europeo.

Por un lado, la directiva europea es un acto legislativo, mediante el cual la Unión Europea establece una serie de objetivos que todos los países deben lograr, y deben hacerlo mediante la aplicación de leyes que estos mismos países deben elaborar bajo su criterio.

Por otro lado, el reglamento europeo es un acto legislativo vinculante, mediante el cual la Unión Europea dictamina la necesidad de aplicar cambios regulatorios o legislativos a nivel comunitario. Estos reglamentos deben aplicarse en su integridad, y deben hacerlo todos los países por igual.

Por tanto, hablamos de dos conceptos muy distintos.

Asimismo, existen otros actos legislativos que vamos a ver a continuación, y que conviene resaltar.

Para no confundir los términos, veamos brevemente otros actos legislativos europeos que, como la directiva, componen el reglamento de la Unión Europea.

Estos actos son los siguientes:

• Decisiones: Son actos legislativos vinculantes para aquellos a los que se dirige (un país, una institución o una empresa). Estos deben ser aplicados íntegramente por aquellos a los que afecta dicha decisión, pues va dirigida hacia alguien en concreto.
• Recomendaciones: Son actos legislativos no vinculantes. Son comunicados que emite la Unión Europea con el único fin de informar una sugerencia que, bajo su criterio, mejoraría una situación determinada. Como su propio nombre indica, es una recomendación. Si se omiten, no hay consecuencias legales.
• Dictámenes: Son actos legislativos no vinculantes. Similares a las recomendaciones. Son comunicados que emite la Unión Europea a modo de recomendación, pero dirigida a alguien. De esta forma, el dictamen tiene el objetivo de informar a alguna institución, empresa o país de la existencia de un punto de vista distinto al que tiene el Gobierno, la dirección o la presidencia. No tiene consecuencias legales desatenderlos, y pueden emitirlos las principales instituciones de la Unión Europea.

Entre los tipos de directivas europeas que podemos encontrarnos, podemos señalar 3:

• Directiva legislativa.
• Directiva delegada.
• Directiva de ejecución.

La única diferencia entre estos tipos son los aspectos legales. Es decir, difieren el uno del otro por la capacidad de las instituciones europeas en la aplicación de políticas, así como por el organismo que la impulsa.

No obstante, en la práctica, todas persiguen el mismo objetivo y cumplen la misma función.

Para terminar, veamos otro ejemplo de directiva europea, siendo nuestro objetivo que quede bien entendido este concepto.

Así, otro ejemplo de directiva europea es la Directiva sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional.

Esta directiva establece una serie de objetivos, como el desarrollo de una política común en materia de asilo político, y cómo y cuándo podría solventarse dicha situación.

Los países, ante esta directiva, deben aplicar medidas, con sus medios y sus recursos (en muchas ocasiones se ofrecen ayudas europeas a quienes cumplen), para lograr esos objetivos y resolver la situación notificada por las autoridades europeas en dicha directiva.