Delitos monetarios

Los delitos monetarios perjudican económicamente a los usuarios. Por ejemplo, si un vendedor recibe por su mercancía billetes falsos, no podrá intercambiarlos válidamente en otra transacción. Por esa razón, el patrimonio del negociante se ve afectado.

Cabe recordar que el monopolio de la emisión de dinero está en mano de los gobiernos. Sin embargo, existen las criptomonedas o bitcoins que no son emitidas por ningún banco central.

El uso de bitcoins no configura un crimen porque no implica la fabricación de una moneda ya existente. En cambio, se está creando una nueva divisa. Además, los usuarios son conscientes del medio de cambio que están utilizando.

Los principales tipos de delitos monetarios son:

• Fabricación: Es la producción de dinero por parte de particulares con fines fraudulentos. Es decir, el criminal busca engañar al mercado con billetes o monedas que en realidad no tienen valor.
• Alteración: Es la modificación de dinero auténtico. Esto, con el objetivo de que aparente un valor mayor o menor en comparación al real.
• Tráfico: Es cuando una persona, sabiendo que una moneda o billete es falso, lo pone en circulación para obtener un beneficio. Esto puede suceder al ingresar o retirar efectivo del país, o mediante su transporte o comercialización dentro del territorio nacional.
• Provisión de herramientas o materia prima: Consiste en la producción, importación o exportación de maquinarias o insumos destinados a la fabricación ilegal de dinero.

El combate a los delitos monetarios se da en dos frentes:

• Preventivo: Las autoridades implementan componentes de seguridad cada vez más sofisticados. En el caso del papel moneda, por ejemplo, se perfeccionan las marcas de agua y las impresiones fluorescentes. El objetivo de incorporar dichas mejoras es que el usuario pueda identificar con facilidad el dinero falso.
• Punitivo: La ley de cada país establece las penas para los delitos monetarios, incluyendo la cárcel y/o el pago de multas. Además, en el ámbito internacional, existe el Convenio de Ginebra de 1929. En dicho documento se especifica qué tipos de infracciones relacionadas a la falsificación de monedas deben castigarse.