Coerción

La coerción consiste en, a través de amenazar o castigar ciertas conductas, que la persona o grupo contra la que se aplica siga las pautas que desea el que ejerce la coerción.

La coerción es un factor indispensable de todo Estado. Los sistemas autoritarios y totalitarios, también los regímenes híbridos, se sustentan en gran medida por un alto grado de la misma. Las libertades y derechos están tan limitados que se necesita un gran uso de la fuerza y violencia para controlar a todos los ciudadanos.

Ahora bien, no solo estos regímenes se sustentan en la coerción, también lo hacen los democráticos, aunque en menor intensidad. Para conseguir que se respete la ley y garantizar el correcto funcionamiento de la convivencia y de las instituciones, es necesario el uso de la coerción. Se castigan las malas conductas y, a veces, se premian las correctas.

De hecho, Max Weber, uno de los padres de la sociología, define al Estado como “aquella comunidad humana que dentro de un territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima”. Esto quiere decir que el Estado, dentro de su territorio, es el único legitimado para hacer uso de la fuerza y de la coerción con el fin de perseguir sus propios fines. Principalmente, a través de la policía y otras instituciones.

Las políticas públicas para su implantación y desarrollo necesitan una serie de recursos. Pues uno de ellos es la coerción y el uso legítimo de la fuerza. Con el fin de que la política sea un éxito se necesita de fuerzas como la policía controlen su proceso y desempeño, y usen la fuerza siempre que sea necesario.

Cuando un agente pone una multa a un vehículo por exceso de velocidad está haciendo uso de la coerción legítima, con el fin de evitar accidentes. Se penaliza la conducta de ir por encima del límite legal con el fin de que circule a la velocidad permitida, es decir, que asuma otra conducta.

Cuando un juez sentencia pena de prisión contra un delincuente, un asesino por ejemplo, se está usando la coerción legítima para que esa persona deje de ser un peligro público. Se castiga la conducta criminal y se buscar reorientar con la privación de libertad.

Por último, cuando la ONU anuncia sanciones o posibles bloqueos contra un país que atenta contra los Derechos humanos o que está realizando un uso de la fuerza ilegítima, como la invasión injustificada de un país. Se está usando la coerción para que el Estado infractor abandone esa conducta y adopte la que recomiende Naciones Unidas.