Definición de gobierno federal

Al órgano encargado del ejercicio del poder ejecutivo de un Estado se lo denomina gobierno. El concepto también puede hacer referencia al tiempo que dura el mandato de sus autoridades (el presidente, los ministros, etc.). Federal, en tanto, alude al federalismo: un sistema basado en la unión permanente de Estados que se vinculan bajo principios de jerarquía, autonomía y participación.

Un gobierno federal, por lo tanto, es aquel encargado de dirigir un Estado organizado de este modo. Se trata del gobierno central que actúa de manera coordinada con los diversos gobiernos particulares de las diferentes administraciones regionales.

Un gobierno federal administra un Estado basado en el federalismo.

El federalismo

En un Estado federal o federación, existen múltiples entidades políticas y territoriales que disponen de una cierta autonomía pero que se encuentra agrupadas en el mismo Estado nacional. Una república federal, por ejemplo, puede contar con un cierto número de provincias, a su vez cada una dividida en diversos municipios. En este marco, coexisten gobiernos municipales, gobiernos provinciales y el gobierno federal.

Un gobierno federal, en definitiva, se encarga del ejercicio de la soberanía nacional y de la representación jurídica de la nación en su conjunto. Sus accionar está determinado por lo establecido en la Constitución Nacional, que fija sus obligaciones, responsabilidades y facultades.

Puede decirse que el gobierno federal es la autoridad central de un Estado organizado como federación. Sus autoridades ejercen el poder ejecutivo a nivel nacional, atendiendo las necesidades de los habitantes de todo el territorio pero sin violar las atribuciones propias de otros niveles de gobierno. El gobierno federal “comparte” el poder con los gobiernos estatales, departamentales, provinciales, municipales, etc.

Estados Unidos es un país que cuenta con un gobierno federal.

El caso del gobierno federal de Estados Unidos

Tomemos como referencia el gobierno de los Estados Unidos para hablar de sus orígenes. Podemos decir que su forma más temprana se puede apreciar en la Constitución, que fue adoptada por primera vez en el año 1787 en el estado de Pensilvania por la Convención Constitucional de Filadelfia. Dos años más tarde, nació su gobierno federal, cuando fueron reemplazados los Artículos de la Confederación para dar lugar a la primera república constitucional de la historia.

Los principios del gobierno estadounidense son los del federalismo y el republicanismo, es decir que el poder se reparte entre los gobiernos estatales y el federal. Tanto éstos como los poderes que corresponden al gobierno federal se interpretan y ejecutan de acuerdo con las líneas de acción que se han establecido como resultado de los innumerables debates a lo largo de la historia.

Diferentes modos de organización

A simple vista, existen dos posturas con respecto al papel del gobierno federal, en particular al espacio que debería recibir en proporción al resto de los elementos que componen el país. Por un lado, están quienes apuestan por los poderes federales expansivos. Opuestos a ellos, otros prefieren que el gobierno central tenga un rol menos abarcativo, para dar más espacio a los estados, los individuos y las demás entidades.

El gobierno federal de los Estados Unidos ha vivido una expansión general de sus poderes desde que tuvo lugar la Guerra Civil, con ciertas excepciones puntuales: durante los primeros años después de la guerra, el poder legislativo gozó de un cierto predominio; los tribunales consiguieron en alguna ocasión limitar el poder federal a causa de las presiones que ejercieron los defensores de los derechos estatales.

La teoría de la Constitución estadounidense se apoya en varios pilares, uno de los cuales es el concepto de «controles y equilibrios«, algo que debe existir entre los poderes y las responsabilidades de todo el gobierno, tanto del poder ejecutivo como del legislativo y el judicial. El poder legislativo puede crear una ley, pero el ejecutivo puede vetar su trabajo aunque dicha decisión puede ser anulada por el Congreso.

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