Dictadura militar argentina: causas, economía y consecuencias
La dictadura militar argentina, llamada por sus protagonistas Proceso de Reorganización Nacional, gobernó en el país desde 1976 a 1983. Aunque Argentina ya había sufrido otras dictaduras militares durante el siglo XX, esta última está considerada como la más sangrienta y represiva.
La muerte de Perón había supuesto un aumento en la tensión interna del país. Su viuda, María Estela Martínez de Perón, lo sustituyó en el cargo, aunque desde el principio sufrió fuertes presiones para que lo dejara. Mientras, Argentina pasaba por dificultades económicas y una creciente violencia política.
El golpe de Estado que instauró la dictadura tuvo lugar el 24 de marzo de 1976. Los militares se organizaron en una primera Junta para gobernar el país, a la que seguirían otras tres. Durante esa etapa se sucedieron varios presidentes: Videla, Viola, Galtieri y Bignone.
La represión contra todos los que parecieran simpatizar con la izquierda fue feroz. El número de desaparecidos se cifra entre 9000 y 30000, muchos de ellos asesinados durante los llamados “vuelos de la muerte”. Igualmente, los gobernantes instauraron una política sistemática de robo de niños y una política represiva hacia las minorías.
Índice del artículo
- 1 Causas
- 2 Contexto social y político
- 3 Juntas Militares
- 4 Economía
- 5 Consecuencias de la dictadura
- 6 Referencias
La dictadura instaurada en 1976 fue la última de una serie que comenzó en 1930 y que continuó con los golpes de Estado realizados en 1943, 1955, 1962 y 1966. Todo esto había creado una sociedad acostumbrada a la intervención del ejercito en la vida pública.
Según los datos aparecidos, el golpe de Estado de 1976 se había estado planeando desde más de un año antes. Los documentos demuestran que, por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos conocía las intenciones de los golpistas doce meses antes de que actuaran.
Nacidos del seno del peronismo, los Montoneros realizaron un gran número de ataques armados durante la década de los 70. En los años previos al golpe se habían radicalizado acercándose cada vez más al ERP.
Según los historiadores, a principios de 1976 se cometía un asesinato político cada cinco horas, aunque no todos eran realizados por organizaciones de izquierda. Lo cierto es que la violencia política representaba un factor importante de inestabilidad, a lo que había que unir las crecientes manifestaciones obreras.
El ejército había reaccionado en febrero de 1975 cuando, el día 5, comenzó el Operativo Independencia. Se trataba de una intervención militar que pretendía acabar con los guerrilleros apostados en la selva de Tucumán. En octubre de ese año el país fue dividido en cinco zonas militares, desatándose una ola de represión.
La acciones del ejército no se limitaron a los miembros del ERP y Montoneros, sino que también afectaron a partidos políticos, estudiantes, religiosos o activistas populares. En la práctica, desarrollaron un terrorismo de Estado que fue el antecedente de las actuaciones que luego la dictadura llevaría a cabo.
Otro de los actores que contribuyeron a la desestabilización del país fue la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), una organización de derechas que apoyaba al ejército.
La Triple A también había surgido de las filas del peronismo y contaba con miembros de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas. Se calcula que causó la desaparición y muerte de casi 700 personas, en teoría vinculadas a movimientos de izquierda.
Este grupo paramilitar fue desmantelado poco antes del inicio de la dictadura. A partir de ese momento, fue el propio gobierno militar el que asumió sus objetivos y parte de sus métodos.
Entre la inestabilidad y la gestión del gobierno, Argentina tenía un gran problema de inflación. Además, se encontraba al borde la suspensión de pagos internacionales. Para intentar solucionar los problemas, en 1975 la moneda fue devaluada y se decretó un gran tarifazo.
Algunas de las grandes empresas privadas habían pedido directamente la intervención del ejército. En parte del sector acusaban al gobierno constitucional de ser “sovietizante”.
El golpe de Estado en Argentina y la consiguiente dictadura también se enmarcó en el contexto internacional. En plena Guerra Fría, Estados Unidos mantenía un concepto en sus relaciones exteriores llamado por los expertos “Doctrina de la seguridad nacional”.
Mediante esta fórmula, EE.UU alentaba o apoyaba que los militares tomaran el poder en aquellos países latinoamericanos con gobiernos izquierdistas. Uno de los centros en los que se prepararon a los militares fue la Escuela de las Américas, por donde pasaron buena parte de los dictadores de la época.
En Argentina ya existía un antecedente de la aplicación de esta doctrina. Se trató del plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), puesto en marcha durante el gobierno de Frondizi en 1957. Este plan desató la represión interna y la detención de los líderes opositores.
Aunque el papel de Estados Unidos en la dictadura argentina siempre fue dado por hecho, los documentos desclasificados demostraron el apoyo de Henry Kissinger, Secretario de Estado, a los golpistas.
En ellos, Kissinger expresa su deseo de alentarlos, a pesar del aviso de la inteligencia estadounidense acerca de que podía desembocar en un baño de sangre.
Juan Domingo Perón fue derrocado en 1955, tres meses después de una masacre en la Plaza de Mayo. A partir de ese momento se alternaron varios gobiernos de facto con otros electos, sin que la inestabilidad desapareciera. Los partidos peronistas, además, estuvieron prohibidos durante muchos años.
En esa época, el mundo se encontraba inmerso en la llamada Guerra Fría, que enfrentaba sin usar las armas a los Estados Unidos y la Unión Soviética. La Revolución cubana y el ascenso al poder de Castro había alentado a los movimientos izquierdistas en el continente. Estados Unidos trató de que la revolución no se extendiera.
La manera de hacerlo fue apoyar, ya fuera abiertamente o indirectamente, los golpes militares contra los gobiernos que consideraba pro-comunistas. Para 1973, todos los países del Cono Sur, excepto Argentina, eran dictaduras militares.
Perón regresó de su exilió en 1973 y se mostró dispuesto a presentarse de nuevo a las elecciones. Sus gobiernos anteriores habían tenido un marcado carácter populista, pero el del 73 se caracterizó por su acercamiento a los militares.
El fallecimiento de Juan Domingo Perón en 1974 se convirtió en un nuevo elemento para la desestabilización del país. Dentro de su movimiento existían varias facciones y buena parte de las Fuerzas Armadas no aprobaba su sustitución por Isabelita, su viuda.
Maria Estela Martínez de Perón, su nombre real, recibió presiones para que dejara el cargo, pero se negó a hacerlo.
José López Rega es llamado por algunos historiadores “el Rasputín argentino”. Su influencia sobre Isabelita Perón fue innegable y tuvo un papel fundamental en los acontecimientos posteriores.
Rega fue el causante de la renuncia de Gelbard, Ministro de Economía de Perón, lo que causó que la burocracia sindicalista se fortaleciera. Esto coincidió con una intensificación de la violencia. Los problemas aumentaron cuando Celestino Rodrigo fue nombrado nuevo responsable de la economía nacional.
Con el apoyo de López Rega, Rodrigo decretó una serie de medidas económicas muy cuestionadas. Entre ellas una devaluación del peso que osciló entre el 100% y el 160%. El precio de la gasolina se incrementó un 181% y el del transporte un 75%.
En la práctica, estas medidas supusieron un fuerte recorte del poder adquisitivo de los salarios, mientras que las exportaciones agropecuarias salieron beneficiadas. La inflación se incrementó bruscamente, causando una grave crisis política.
La Presidenta solicitó, en septiembre de 1975, una excedencia temporal por razones de salud. Su puesto lo ocupó el senador Ítalo Luder, quien reforzó el poder de los militares. Una de sus primeras decisiones fue dar la orden de “aniquilar” a los guerrilleros, creando un Consejo Nacional de Defensa controlado por el Ejército.
Las Fuerzas Armadas procedieron a dividir el país en cinco zonas militares. Los encargados de cada una de ellas tenían poder absoluto para ordenar acciones las acciones represivas que consideraran necesarias.
Luder, además, decretó el adelanto de las elecciones previstas para marzo de 1977. La nueva fecha prevista fue la segunda mitad de 1976.
Según los historiadores, en ese periodo se produjo una reunión dirigida por Jorge Rafael Videla, comandante en Jefe del Ejército, con otros altos mandos y la participación de asesores franceses y estadounidenses.
En ese encuentro, aprobaron en secreto la Estrategia Nacional Contrainsurgente, que prescindió de las garantías del Estado de Derecho en la lucha contra la insurgencia.
El propio Videla declaró, durante una Conferencia de Ejércitos Americanos celebrada el 23 de octubre de 1975, que “si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país”.
Isabelita Perón volvió a la presidencia en octubre de ese mismo año. Dos meses después, el 18 de diciembre, se produjo un intento de golpe de Estado por parte del sector ultranacionalista de las Fuerzas Aéreas.
El levantamiento, durante el que se ametralló la Casa Rosada, resultó fallido. Sin embargo, sí triunfó en su objetivo de desplazar de su cargo al comandante de las Fuerzas Áreas, Héctor Fautario. Este era el último militar que apoyaba a la presidenta y, además, el principal obstaculo para que Videla tomara el poder.
Durante la Nochebuena de ese año, Videla se dirigió a las Fuerzas Armadas y lanzó un ultimátum a Isabel para que ordenara el país en 90 días.
En febrero, Viola planificó los siguientes movimientos para dar el golpe, como la detención clandestina de opositores bajo la acusación de “acciones antisubversivas».
El golpe comenzó a las 3 y 10 de la madrugada del 24 de marzo de 1976. Esa noche, el general Villarreal anunció lo siguiente a la Presidenta:
“Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada”.
Los golpistas, una vez controlado todo el país, organizaron un gobierno dictatorial. Como órgano dirigente crearon una Junta de Comandantes con participación de las tres ramas del Ejército, otorgando independencia a cada una para actuar sin necesidad de consensuar nada.
La Junta denominó a su gobierno como Proceso de Reorganización Nacional o, simplemente, como El Proceso.
La primera Junta Militar estuvo formada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti. Según las normas que establecieron, el mando directo debía quedar en manos de un presidente, con facultades ejecutivas, legislativas y judiciales. El primer elegido, por un periodo de 5 años, fue Videla.
Las primeras decisiones de la Junta fueron disolver el Congreso Nacional, destituir a los miembros de la Corte Suprema y a las autoridades provinciales, y establecer la censura.
Los historiadores señalan que la etapa de Videla como Presidente fue la más sangrienta de toda la dictadura. Entre otras cosas, se le considera como el responsable de la denominada “solución final”, que establecía el asesinato de los desaparecidos. Además, fue el responsable del comienzo de los robos de niños.
Uno de los acontecimientos que marcaron el periodo de la primera Junta Militar fue la organización del Mundial de Fútbol de 1978. Los militares quisieron aprovechar el acontecimiento deportivo para blanquear su imagen internacional.
Sin embargo, la represión continuó y los periodistas extranjeros vieron como su labor era obstaculizada cuando quisieron recabar información sobre los campos de concentración, los centros de tortura y otros asuntos.
Los miembros de la segunda Junta Militar fueron Roberto Viola, Armando Lambruschini y Omar Graffigna.
La etapa de Videla terminó en 1980 con una importante crisis económica y financiera. Igualmente, existían diferencias dentro de los miembros de la Junta y entre las Fuerzas Armadas. Por esas causas, Videla adelantó que su sucesor iba a ser Roberto Viola, quien debía gobernar hasta 1984.
Viola comenzó su mandato decretando una importante devaluación de la moneda. Su intención era corregir la herencia dejada por Videla, pero acabó provocando un importante aumento de precios y el aumento de la inflación.
Solo seis meses después de comenzar su presidencia, ya había voces pidiendo su destitución. Esta se produjo finalmente cuando Viola fue internado por problemas de salud. Su primer sustituto fue Lacoste, aunque pronto asumió el cargo Leopoldo Galtieri.
La siguiente Junta Militar fue conformada por Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo. El primero asumió el cargo de Presidente el 22 de diciembre de 1981 y formó un gobierno en el que introdujo civiles en algunos ministerios.
Sin embargo, la economía del país no mejoraba y las medidas tomadas afectaron negativamente a la población.
Por su parte, la oposición había comenzado a organizarse en la llamada Multipartidaria, compuesta por una multitud de partidos y movimientos. Entre los participantes estaba el Partido Comunista, los socialistas, la Iglesia y la CGT, entre muchos otros.
Bajo el lema de “Pan, Paz y Trabajo” se convocaron varias manifestaciones obreras, algunas de la cuales fueron reprimidas con violencia. En Mendoza, por ejemplo, una persona fue asesinada y más de 1000 detenidas durante una de las concentraciones.
La Junta necesitaba una salida que redujera la presión de la calle. Tres días después de la manifestación de Mendoza, Argentina entró en guerra contra Gran Bretaña para intentar recuperar las Islas Malvinas.
Muchos historiadores consideran que Galtieri buscó una manera de que la población apoyara al gobierno en una guerra por una causa generalmente compartida. Sin embargo, la derrota acabó por provocar su caída.
La última de las Juntas Militares estuvo compuesta por Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto Jorge Hughes
El Presidente elegido fue Reynaldo Benito Bignone, un teniente general que había sido secretario general del Ejército y jefe del Colegio Militar. Su llegada al poder se produjo en medio de la crisis provocada por la derrota en las Malvinas.
Bignone comenzó su gobierno eliminando las restricciones a los partidos políticos. Igualmente, estableció conversaciones con la Multipartidaria y, en agosto de 1982, aprobó el estatuto de los partidos.
La oposición, por su parte, presentó un plan económico para mejorar la situación, pero fue rechazado. Ante esto, la Multipartidaria convocó una concentración, la “Marcha por la Democracia”. Más de 100.000 personas se reunieron el 16 de diciembre. Las fuerzas de seguridad reaccionaron con violencia, asesinando a un obrero participante.
Cuatro meses después, el 28 de abril de 1983, los dictadores publicaron un informe llamado “Documento Final de la Junta Militar”. Su contenido era una justificación de sus actos durante toda la dictadura.
Finalmente, la Junta convocó elecciones para el 30 de octubre de 1983. El vencedor de las mismas fue Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical.
El primer responsable de economía de la dictadura fue José Alfredo Martínez de Hoz, quien ocupó el ministerio hasta 1981. La Junta le concedió un gran poder, ya que su objetivo era transformar totalmente el funcionamiento económico del país.
Martínez de la Hoz presentó su programa económico el 2 de abril de 1976. En principio, era un programa basado en el liberalismo que pretendía potenciar la libre empresa y aumentar la producción. Igualmente, prometía disminuir el papel del Estado en la economía.
Las primeras medidas promulgadas buscaban la estabilización del país y contaron con el respaldo del FMI y de la banca privada extranjera. Uno de los primeros pasos fue devaluar la moneda y reducir el déficit del sector público mediante una congelación de los salarios. De igual forma, logró obtener financiación externa.
En el ámbito social, Martínez de la Hoz eliminó el derecho a huelga y redujo la participación de los asalariados en el PIB.
En un comienzo, las medidas lograron controlar la crisis creada tras la gestión de Rodrigo. El siguiente paso fue abrir la economía y liberalizar los mercados financieros.
Martínez de la Hoz pretendía abrir el mercado interno a la competencia exterior. Para ello redujo los aranceles a los productos importados. No obstante, esto afectó mucho a la actividad productiva interna.
Por su parte, el gobierno liberalizó la tasa de interés y se autorizaron nuevos bancos. El Estado, que renunciaba a los controles, garantizaba los depósitos a plazo fijo.
En 1978 se estableció la llamada “tablita”, una medida que establecía la devaluación mensual del peso. El objetivo era controlar la inflación, pero resultó un fracaso.
En lugar de esto, la medida fomentó una fuerte especulación con grandes sumas colocadas a corto plazo buscando beneficiarse de las altas tasas de interés y de la garantía estatal sobre el precio de recompra de los dólares.
El sector productivo, en contraste con el financiero, cayó pronto en un endeudamiento brutal. Esto afectó especialmente a la industria, que no solo disminuyó su producción, sino que sufrió el cierre de muchas empresas.
Todo el plan de Martínez de Hoz se desplomó en 1980. Varias entidades financieras quebraron y el Estado debió pagar los pasivos que mantenían.
La salida de la presidencia de Videla, reemplazado por Viola, conllevó también el cambio en el Ministerio de Economía. Ese año, no obstante, el descalabro llegó al máximo: el peso se devaluó un 400% y la inflación se disparó un 100% anual. El Estado acabó nacionalizando las deudas de las empresas privadas, agravando el endeudamiento público.
A pesar de haber presentado un programa liberal, Martínez de Hoz había expandido bastante el papel del Estado en la economía. La Junta Militar no deseaba perder el control de las empresas públicas y los militares ocuparon sus cargos más importantes.
El gobierno, además, incrementó la inversión pública, aunque muchas de las obras eran ejecutadas por empresas privadas. Al final, se configuró un poderoso grupo de empresas contratistas del Estado.
Por otra parte, algunas empresas privadas que pasaban por dificultades fueron nacionalizadas, lo que incrementó aún más el gasto público.
Decenas de miles de personas fueron detenidas, asesinadas, enviadas al exilio o desaparecidas. Se trató de un plan establecido para eliminar la disidencia interna contra la Junta Militar.
Entre 1976 y 1983 se establecieron varios centros clandestinos de detención, siendo el más conocido el de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires.
La cifra de desaparecidos no se ha establecido de manera fehaciente. Los números varían según las fuentes, desde las 30000 denunciadas por organismos de derechos humanos, hasta los 8961 casos señalados por la CONADEP. Por último, la Subsecretaría de Derechos Humanos asegura que fueron 15000.
Dentro de las prácticas de la dictadura, una de las más crueles fue el robo de bebés recién nacidos. Se trataba de una manera de acabar con las ideologías que consideraban enemigas de la patria, ya que evitaba que las ideas pasaran de padres a hijos.
Parte de los niños fueron secuestrados junto con sus padres. Oros, cuyas madres se encontraban en los centros de detención, fueron robados nada más nacer.
El destino de esos bebés no fue siempre el mismo. Algunos fueron vendidos, otros adoptados por los mismos que habían asesinado a sus padres, y el resto abandonados en institutos sin aportar ningún dato sobre su origen.
Hasta diciembre de 2017, habían sido encontrados 126 de aquellos niños, quienes pudieron recuperar su identidad. Se estima que faltan 300 más.
El primer grupo que salió a la calle para oponerse a la dictadura fue el de las madres de la Plaza de Mayo. Se trataba de las madres de muchas de las víctimas de la represión. Comenzaron a manifestarse el 30 de abril de 1977.
Dado que toda manifestación estaba prohibida, las madres tan solo se reunían en la Plaza, con pañuelos blancos en las cabezas, y marchaban en círculo.
Los expertos calculan que unas 5000 personas fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Estos consistían en arrojar a los detenidos desde aviones en pleno vuelo durante su traslado desde los centros de detención clandestinos.
Las investigaciones demostraron que, en muchas ocasiones, un cura viajaba en esos aviones para darle la extremaunción a las víctimas.
La ideología de los militares que dieron el golpe de Estado no aceptaba ninguna desviación de lo que consideraban “normalidad”. Esto afectaba a todas las minorías, desde las étnicas a las sexuales. De esta manera, sus políticas represivas afectaron a colectivos como los homosexuales, judíos, transexuales, etc.
Las autoridades llegaron a formar comandos especiales para perseguir a estas personas. Uno de estos fue el Comando Cóndor, destinado a apresar a los homosexuales.
El antisemitismo también fue muy común como factor para arrestar y reprimir, como demostró el informe Nunca Más. Algo similar ocurrió con los Testigos de Jehová, quienes padecieron torturas frecuentes en los centros de detención.
Después de que la democracia regresara a Argentina, las autoridades juzgaron y condenaron a algunos de los responsables del terrorismo de Estado. El gobierno de Alfonsín impulsó el llamado Juicio a las Juntas, aunque después cedió a las presiones de sectores militares y promulgó las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.
Estas dos últimas normas extinguieron las acciones penales contra los mandos intermedios, sin importar su grado de participación en la guerra sucia.
Carlos Menem, Presidente en 1990, indultó a Videla y Massera, quienes habían sido condenados a cadena perpetua. Ambos ex militares permanecieron en arresto domiciliario por cargos no incluidos en el indulto, como el robo de bebés.
El 15 de abril de 1998, se derogaron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, algo que se corroboró el 2 de septiembre de 2003.
Jorge Videla vivió un largo proceso de juicios que concluyeron con su encarcelamiento y posterior muerte en prisión, en 2013.
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