Desde la declaración de los Derechos Humanos en 1948, vivimos en una sociedad que teóricamente reconoce la igualdad de las personas ante la ley, sin distinción de origen étnico, género o condición. Sin embargo, ponerlo en práctica no resulta tan sencillo, pues los cambios sociales no son inmediatos a las declaraciones y, por lo tanto, las personas discriminadas históricamente requieren por ahora de políticas de apoyo para tener acceso a las mismas oportunidades.
Así, se llama equidad a la creación condiciones que favorezcan la igualdad de oportunidades de las personas históricamente discriminadas (mujeres, grupos étnicos, discapacitados físicos o intelectuales), para que puedan integrarse a la sociedad igualitariamente, con respeto y autonomía. Veamos algunos ejemplos concretos de cómo esto es posible.
Equidad salarial
La equidad salarial es el principio de mismo sueldo por el mismo trabajo. Desde que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, ha ganado un salario menor que el de los hombres, a pesar de desempeñar las mismas funciones. De allí la importancia de promover leyes y programas que favorezcan la igualdad de género en el trabajo.
Leyes de cupo laboral
Las leyes de cupo laboral se orientan a garantizar en una proporción determinada el empleo de personas de diferentes sectores históricamente discriminados, a fin no solo de garantizar su inserción social, sino su representación. Por ejemplo: en ciertos Estados, las entidades públicas deben incluir en sus nóminas al menos a 1% de la población transgénero. En otros, las mujeres deben ocupar un porcentaje de los cargos de elección popular (este puede variar según el país).
Acceso a la educación para todos
Es un principio de equidad social garantizar la educación pública, gratuita y obligatoria, y establecer políticas de inserción para los sectores más desfavorecidos, ya que de esto depende la obtención de trabajo y la autonomía personal. Esto implica no solamente favorecer la educación de los sectores pobres, sino crear condiciones para la educación de niños y jóvenes con necesidades especiales (discapacidad visual, auditiva, motora o intelectual).
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Préstamos estatales para vivienda
Los créditos de las entidades financieras privadas son inaccesibles para gran parte de la población mundial. A fin de garantizar la equidad en el acceso de la vivienda, algunos Estados destinan parte de sus fondos a planes hipotecarios para las clases media y baja.
Normas del espacio público para la movilidad de discapacitados
El trazado urbano y las normas ciudadanas deben estar adaptados a las condiciones de personas con discapacidad, de manera que estas puedan, tanto como las demás, disfrutar de los espacios públicos con seguridad y desarrollar actividades cotidianas con normalidad. Entre estas adaptaciones podemos contar las rampas en las aceras, la incorporación de elevadores en los sistemas de tren y metro, información de interés público en braille, etc.
Planes de empleo para personas con compromisos cognitivos
Las personas con compromisos cognitivos han enfrentado históricamente grandes dificultades para desarrollarse de manera autónoma, ya que pocos creen que sean capaces de asumir responsabilidad, mucho menos laboral. Pero esto es un mito. Hoy en día existen leyes para que las personas con discapacidad intelectual puedan tener acceso al trabajo digno, de manera que puedan ayudar a sus familias y también adquirir autonomía económica.
Permiso laboral de paternidad
No basta con que las mujeres tengan licencia laboral de maternidad. Los hombres también tienen derecho a disfrutar de sus hijos recién nacidos, así como tienen la responsabilidad de apoyar a la madre. Por ello, en algunos países se ha implementado el derecho de permiso laboral por paternidad, lo que implica un principio de equidad de género.
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