Revolución Argentina: antecedentes, causas y gobiernos
Revolución Argentina fue la denominación utilizada por los militares argentinos para describir el periodo en el que gobernaron el país tras el golpe de Estado de 1966. Esa etapa histórica duró hasta 1973, cuando la oposición existente obligó al entonces presidente, Alejandro Agustín Lanusse, a convocar elecciones democráticas.
La situación previa al golpe de Estado militar era bastante convulsa. Al frente del gobierno se encontraba Arturo Illia, candidato de la Unión Cívica Radical. Las elecciones que le habían llevado al cargo habían estado controladas por los militares y el peronismo no había podido participar al encontrarse ilegalizado.
Además, alguna decisiones del gobierno, como la Ley de Medicamentos, contribuyeron a aumentar la debilidad del presidente. A las causas internas hay que unirle el contexto internacional; En plena Guerra Fría, Estados Unidos apoyaba acabar con cualquier peligro de que organizaciones izquierdistas llegaran al poder.
Durante la dictadura, que se rigió por los principios del bautizado Estado burocrático autoritario (EBA), contó con tres presidentes militares. El más duradero fue el primero, Juan Carlos Onganía, mientras que el segundo, Roberto Marcelo Levingston, apenas duró unos meses. Lanusse, el último de ellos, debió poner punto y final a la dictadura.
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Las elecciones de 1963 se habían desarrollado en un ambiente bastante convulso. Los militares habían controlado el proceso, los peronistas se encontraban ilegalizados y Perón en el exilio y, en el interior, los movimientos obreros y estudiantiles cada vez cobraban más fuerza.
El vencedor de las votaciones, sin mayoría absoluta, había sido Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical.
Por otra parte, el mundo se encontraba entonces en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética competían de manera indirecta apoyando a las organizaciones políticas y a los militares más cercanos a sus intereses. Tras la Revolución Cubana, los estadounidenses no iban a permitir otro gobierno izquierdista en Latinoamérica.
Entre 1958 y 1966, el ejército participó cada vez más en la vida política del país. Se calcula que, durante el gobierno de Frondizi, se produjeron cerca de 26 levantamientos militares, así como 6 intentos de golpes de Estado.
La victoria de los peronistas en las elecciones legislativas del año 1962, tras una serie de huelgas y protestas protagonizadas por obreros y estudiantes, solo hizo que el ejército aumentara su intervencionismo. Los militares pidieron directamente que se anularan los resultados.
La tensión continuó en aumento hasta que las fuerzas armadas obligaron al presidente Frondizi a dejar el cargo. En esa ocasión no se formó un gobierno militar, sino uno compuesto por civiles pero controlado por la cúpula del ejército.
No obstante, entre los miembros de las Fuerzas Armadas también existían diferencias. El enfrentamiento entre dos de los sectores existentes llevó a que se volvieran a convocar elecciones. Los justicialistas, de nuevo, quedaron excluidos de las votaciones. movimiento justicialista.
Los peronistas, ante la ilegalización, intentaron encontrar una vía indirecta para concurrir a las elecciones. Así, Raúl Matera, uno de los dirigentes del partido, logró ser elegido como candidato por la democracia cristiana. Sin embargo, el gobierno no admitió su candidatura. Ante eso, la reacción de los peronistas fue llamar al voto en blanco.
Finalmente, la Unión Cïvica Radical ganó las elecciones de 1963, con Arturo Illia encabezando su lista. El resultado, no obstante, no fue demasiado contundente: mientras que el vencedor se hizo con el 21,15% de los sufragios, el voto en blanco, pedido por los peronistas, alcanzaron el 19,72%.
De esta forma, el nuevo gobierno comenzó su andadura con un problema de legitimidad democrática. Los peronistas y sus sindicatos denunciaban que solo había vencido por la prohibición del justicialismo. Además, los resultados provocaron que los vencedores estuvieran lejos de tener una mayoría fuerte en la Cámara de los Diputados.
Por otra parte, los militares no dejaron de intentar influir en la política. Su principal objetivo era impedir que los peronistas fueran legalizados.
Illia tuvo que enfrentarse a numerosas huelgas convocadas por los sindicatos, que contribuyeron a debilitar su gobierno.
Los empresarios tampoco le dieron respiro. Decisiones como la Ley de Medicamentos, que eliminaba el monopolio en ese sector, así como algunas medidas económicas contrarias al liberalismo provocaron que se posicionaran en contra de Illia.
Además de la oposición que sufrió el gobierno de Illia por parte de los peronistas y de los grupos de izquierda y que desembocó en un aumento de la inestabilidad en el país, los sectores empresariales argentinos tampoco aceptaron sus políticas.
Al poco tiempo de comenzar su gobierno, Illia tomó una medida que disgustó a las clases empresariales del país. Se trató de la anulación de los contratos que Frondizi había firmado relacionados con el petróleo. Para el radicalismo, estos acuerdos menoscaban la soberanía nacional.
Otras medidas económicas también provocaron que crecieran las voces que pedían la intervención de los militares para derrocar a Illia. Entre estas se encuentran la Ley de Medicamentos, la decisión de no firmar el acuerdo que el FMI exigía y la negativa a reformar el sector financiero, algo que pedían los bancos.
Otro de los motivos aducidos por los militares para dar el golpe de Estado fue la aparición de varias guerrillas, especialmente presentes en el norte de Argentina.
Los medios de comunicación reaccionaron con artículos ferozmente anti-comunistas y en contra del sector izquierdista del peronismo.
Entre las voces que destacaron en este sentido se encontraba Juan Carlos Onganía, el comandante en jefe del ejército. Este general se adhirió a una doctrina que estaba comenzando a extenderse por toda Latinoamérica impulsada por Estados Unidos: la frontera ideológica. Esta consistía en la formación de organizaciones militares dedicadas a enfrentarse a los comunistas.
No solo fue el general Onganía quien se declaró partidario de estas asociaciones militares. En general, las Fuerzas Armadas del país se posicionaron con la llamada doctrina de seguridad nacional, con la que proclamaban su deber de combatir al comunismo. Si era necesario, no descartaban derrocar gobiernos o reprimir a cualquier organización sospechosa.
Todo lo anterior no se puede separar del contexto internacional de la época. Con la Guerra Fría, los Estados Unidos apoyaban los golpes militares que fueran en contra de gobiernos izquierdistas o, simplemente, que actuaran ante el riesgo de que un partido de ese tipo llegara al poder.
Al igual que hicieron los sindicatos cercanos al peronismo, el resto de las organizaciones obreras se opusieron al gobierno de Illia desde comienzos de su mandato.
Solo un año después, en 1964, estas organizaciones planificaron un plan de lucha para intentar lograr mejoras sociales. Dentro de esas movilizaciones destacó la ocupación de unas once mil industrias por parte de los trabajadores.
El gobierno optó por dar una respuesta moderada a esas movilizaciones. En lugar de movilizar a la policía, prefirió denunciar ante la justicia a los líderes obreros. Los militares consideraron esta manera de actuar como demasiado blanda.
Las elecciones legislativas del año 1965 contaron con una importante novedad: el gobierno permitió participar a los peronistas. Estos se encontraban divididos en dos sectores e Illia pensó que era una buena oportunidad de derrotarlos.
Sin embargo, las votaciones dieron como ganador al candidato peronista, con medio millón de votos más que la Unión Cívica Radical. Este resultado aumentó la tensión en el seno del ejército, que no había estado de acuerdo con la legalización del partido.
Antes del golpe de Estado, Illia se encontraba en una situación muy incómoda. La prensa conservadora lo atacaba por su gestión y los empresarios consideraban que muchas de sus medidas iban en contra de sus intereses.
En el ámbito político, el gobierno no tenía apenas aliados. Solo los socialistas y los comunistas solían apoyar a la UCR en el parlamento. Por último, la presión de los movimientos obreros y sindicales era cada vez mayor.
Ante la debilidad mostrada por el gobierno, una parte de la sociedad argentina comenzó a considerar que el ejército era la única solución para garantizar el orden.
Todos los motivos anteriores fueron recogidos por los militares en los documentos con los que justificaron su golpe de Estado. Para ellos, su acción era necesaria ante la crisis que azotaba el país y por la ineficiencia de la democracia liberal.
Así, los militares apuntaban que “la pésima conducción de los negocios públicos por el actual gobierno, como culminación de muchos otros errores de los que le precedieron en las últimas décadas, de fallas estructurales y de la aplicación de sistemas y técnicas inadecuadas a las realidades contemporáneas, han provocado la ruptura de la unidad espiritual del pueblo argentino (…)”.
De igual forma, hacían referencia a la aparición del comunismo en Argentina: “Todo ello ha creado condiciones propicias para una sutil y agresiva penetración marxista en todos los campos de la vida nacional, y suscitado un clima que es favorable a los desbordes extremistas y que pone a la Nación en peligro de caer ante el avance del totalitarismo colectivista”.
En el Acta de la Revolución Argentina, los militares detallaban los objetivos que el gobierno salido del golpe de Estado debía perseguir:
“(…) Consolidar los valores espirituales, elevar el nivel cultural, educacional y técnico; eliminar las causas profundas del actual estancamiento económico, alcanzar adecuadas relaciones laborales, asegurar el bienestar social y afianzar nuestra tradición espiritual basada en los ideales de libertad y dignidad de la persona humana, que son patrimonio de la civilización occidental y cristiana; como medios para restablecer una auténtica democracia representativa en la que impere el orden dentro de la ley, la justicia y el interés del bien común, todo ello para reencauzar al país por el camino de su grandeza y proyectarlo hacia el exterior”.
Los rumores sobre la preparación de un golpe de Estado aparecieron un año antes de que este se produjera. El secretario de guerra tuvo que abandonar el cargo después de enfrentarse con Juan Carlos Onganía, lo que fue una muestra del poder que este acumulaba.
En lo que ha sido calificado por algunos historiadores como una maniobra para salvaguardar su prestigio, Onganía solicitó retirarse del servicio a finales de 1965.
A comienzos del nuevo año, las protestas sociales se recrudecieron. Durante los primeros meses de 1966, se sucedieron las huelgas y las manifestaciones. En mayo, además, los estudiantes emprendieron una campaña de movilizaciones para exigir un aumento en el presupuesto para la educación.
Ese mismo mes, el día 29, el general Pistarini, sustituto de Onganía como comandante en jefe, advirtió a Illia de que sus actuaciones estaban fortaleciendo al peronismo, lo que fue considerado como una amenaza velada.
Los medios de comunicación, por su parte, comenzaron a publicar artículos sobre el golpe que se estaba preparando. Incluso, se hacían elucubraciones sobre quién lo lideraría.
El golpe de Estado comenzó el 28 de junio, sobre las tres de la madrugada. Los militares tomaron el poder sin encontrar resistencia.
Uno de los líderes de la asonada, el general Alsogaray, fue el encargado de comunicarle al presidente Illia lo que estaba ocurriendo. Según las crónicas, el militar simplemente le pidió que abandonara el cargo.
En un primer momento, Illia rechazó dejar el puesto. Sin embargo, sobre las siete de la tarde no tuvo más remedio que aceptar, cuando su despacho fue ocupado por la policía y la Casa Rosada fue rodeada por efectivos militares. Onganía, el día 29, pasó a ocupar la presidencia.
Una vez que ocuparon el poder, los militares dieron inicio al periodo que bautizaron como Revolución Argentina. Su estructura gubernamental estaba basada en una Junta compuesta por los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
Esa Junta era la que debía nombrar a un Presidente, que gozaría de todas las atribuciones que antes tenía el Congreso. El primero de los presidentes de la revolución fue Juan Carlos Onganía. Para este militar, y para el resto de los que participaron en el golpe, Argentina no estaba preparada para que existiera la democracia.
Durante los años que duró la revolución, hasta 1973, se sucedieron tres juntas diferentes, así como tres presidentes.
La junta militar no derogó la Constitución del país. En cambió, promulgó el denominado Estatuto de la Revolución Argentina, que colocaron al mismo nivel legal que la Carta Magna. Argentina pasó a ser, según la definición más extendida, un Estado burocrático autoritario.
Con ese Estatuto se eliminó la división de poderes. El ejecutivo y el legislativo quedaron en manos del Presidente. Este, además, era el encargado de nombrar a los diferentes gobernadores.
Igualmente, obligaron a los jueces a acceder al cargo prometiendo cumplir las decisiones de la junta frente a lo recogido en la Constitución.
Al contrario de lo ocurrido en otros países, el gobierno militar tenía la intención desde el primer momento de permanecer en el poder durante una larga temporada. Uno de sus lemas más repetidos rezaba que «la Revolución argentina tiene objetivos, pero no plazos».
Entre las medidas que tomaron se encontraba la ilegalización de todos los partidos políticos, así como la prohibición de que los ciudadanos se organizaran para llevar a cabo actividades políticas. Durante los años en los que gobernaron, el estado de sitio fue casi continuo y los derechos sociales y civiles quedaron limitados al máximo.
La junta militar estableció que Argentina debía pasar por lo que llamaron tres tiempos. El objetivo final era acabar con la amenaza del comunismo y lograr un país estable.
El primero de esos tiempos previstos era el económico. El plan establecía impulsar y modernizar la industria nacional. La intención era aumentar su eficiencia mediante una disminución de los costes. Esto debía redundar en una reducción de la inflación y en que no se volvieran a producir crisis económicas.
El tiempo social, segundo señalado por el nuevo gobierno, tenía como propósito reducir las desigualdades y, de esta forma, acabar con la conflictividad social.
Por último, la revolución argentina marcó el tiempo político como el último de sus pilares. Una vez logrados los propósitos anteriores debía llegar el momento de dar paso a la democracia. Los militares no aclararon qué tipo de gobierno democrático debía existir, pero si dejaron claro que debía ser un sistema diferente al existente anteriormente.
Como se ha señalado, el primer presidente de la revolución fue Juan Carlos Onganía, que ya había sido uno de los líderes del golpe de Estado. Su etapa en el gobierno duró hasta mediados de 1970, cuando en junio debió renunciar al cargo después de que estallara el Cordobazo. Esta etapa fue denominada popularmente como el Onganiato.
A principios de su mandato, Onganía consiguió que el país se estabilizara. En el ámbito económico, Argentina llegó a crecer un 5% anual y redujo enormemente la inflación. Estos logros, atribuibles en gran parte a Adalbert Vasena, estuvieron basados en la aprobación de leyes que liberalizaban los mercados y que atrajeron a inversores extranjeros.
Estas medidas, por otra parte, llevaron aparejadas la supresión de los derechos de los trabajadores. Cualquier intento de protesta era reprimido con dureza.
En política exterior, Onganía siguió las directrices provenientes de los Estados Unidos centradas en la eliminación de cualquier organización socialista o comunista.
Igualmente, la junta militar acusaba a la universidad de ser un foco de comunismo y actividades subversivas.
Entre los acontecimientos relacionados con este asunto destacó la llamada Noche de los Bastones Largos, en julio de 1966: la policía entró con violencia en las universidades, expulsando tanto a estudiantes como a docentes. El resultado fue la salida al exilio de muchos profesores e intelectuales.
Fue la propia Junta gobernante, conformada por los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, quien decidió sustituir a Onganía después del Cordobazo. Además, la economía estaba pasando malos momentos y los militares decidieron que era mejor nombrar a un nuevo Presidente.
El elegido fue Roberto Marcelo Levingston, también general. El nombramiento resultó sorprendente, ya que se trataba de una figura bastante desconocida en el país. Hasta junio de 1970, momento en que asumió el cargo, se encontraba en los Estados Unidos, sin que existan referencias sobre qué puesto ocupaba allí.
Levingston pertenecía a una corriente dentro del ejército que abogaba por el desarrollismo y con marcado carácter nacionalista.
La presidencia de Levingston no fue larga, ya que solo duró hasta marzo del año siguiente, cuando fue depuesto por un golpe de Estado interno liderado por Alejandro Agustín Lanusse.
Durante sus meses de gobierno tuvo que afrontar la reaparición de los partidos políticos. Aunque aún prohibidos, estos estaban empezando a organizarse de nuevo. Este fue uno de los motivos por los que Lanusse decidió derrocarlo.
Considerado como el auténtico ideólogo de la revolución, Lanusse se convirtió en presidente en marzo de 1971. Su mandato se prolongó dos años, hasta mayo de 1973.
En el aspecto positivo, Lanusse emprendió un plan para mejorar las infraestructuras del país. Así, realizó una inversión considerable en la construcción de carreteras, presas o puentes.
Sin embargo, la población daba cada vez más muestras de descontento. En ese contexto, los grupos guerrilleros redoblaron sus actuaciones. Por su parte, el Estado respondió reprimiendo con violencia cualquier acto considerado subversivo.
Perón, desde su domicilio en Madrid, empezó a presionar para acabar con el régimen militar, al igual que hicieron sus partidarios en Argentina
Ante esta situación, Lanusse empezó a planificar una salida que no supusiera la vuelta de Perón. Para empezar, nombró a un radical como Ministro de Interior, algo que obtuvo el apoyo de los partidos.
A pesar del plan de Lanusse de permitir un peronismo sin Perón, gran parte de la población pedía la vuelta del político y que se hiciera cargo de la situación. Incluso, ante el crecimiento de las acciones de la guerrilla, un sector del ejército comenzó a pensar lo mismo.
Finalmente, Lanusse convocó elecciones para 1972. Los partidos fueron legalizados, aunque no se permitió que Perón se presentara como candidato.
La inestabilidad política y social, además de los problemas económicos, obligaron a Lanusse a convocar elecciones. El militar levantó la prohibición de los partidos políticos, incluido al Justicialista.
A pesar de permitir a los peronistas presentar candidatos, Lanusse realizó un cambio legal para evitar que Perón pudiera participar en las elecciones. Al haber residido en el exterior, debido a su exilio, el político no cumplía la exigencia de haber residido en el país durante un número determinado de años, cantidad que Lanusse había incrementado.
Además de la medida para evitar que Perón se presentara, los militares también cambiaron el sistema electoral para perjudicar a los justicialistas. En las Fuerzas Armadas pensaban que el peronismo sería derrotado en segunda vuelta.
Sin embargo, el vencedor final, con casi el 50% de los votos, fue Héctor José Cámpora, del Frente Justicialista, una coalición formada por los peronistas y otras formaciones más pequeñas. El lema de campaña ya dejaba claro quién estaba detrás de la candidatura: “Cámpora al Gobierno, Perón al poder”.
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