Qué es el Derecho positivo:
El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas, que a su vez han cumplido con los requisitos formales necesarios para efectuarse la creación de las leyes conforme a lo establecido en la constitución nacional de un país.
Tanto las leyes como los decretos, reglamentos o acuerdos establecidos para regular las conductas y acciones de los ciudadanos, organismos públicos y privados, forman parte del derecho positivo.
La Carta Magna de un país, en su mayoría, establece como órgano competente para la elaboración de las leyes al Poder Legislativo, ya sea este el congreso, el parlamento o la asamblea nacional.
Cabe destacar que el derecho positivo se basa en el iuspositivismo, corriente filosófica y jurídica que toma en cuenta las necesidades a partir de la cuales los seres humanos proponen, formulan y establecen una serie de normas o leyes a fin de garantizar la convivencia y el bienestar social.
En este sentido, se trata de leyes hechas por los ciudadanos y que responden a un conjunto de necesidades, variantes en el tiempo, las cuales son aprobadas y reguladas por el Estado a través de diversos órganos públicos. Por ejemplo, el derecho a la protección de la propiedad privada, entre otros.
Vea también Iuspositivismo.
Asimismo, el derecho positivo se apoya en la Teoría del Normativismo planteada y defendida por el teórico del derecho Hans Kelsen en el siglo XX.
Se trata de organizar el derecho según una jerarquía de normas, dando mayor importancia a la constitución nacional, ya que a partir de ésta se organiza el Estado, se establecen sus funciones y límites.
En base a esto, los ciudadanos acuerdan cómo quieren regir sus vidas, definen cómo estará organizado el Estado y pasa de ser un Poder Constituyente de los ciudadanos al Poder Constituido del Estado, porque ya está formado y establecido quedando plasmado en la constitución nacional todo lo acordado.
También hay autores que explican que el derecho positivo es un derecho dado por el Estado una vez que es constituido y delego al Poder Legislativo la función de la creación de las leyes, previo cumplimiento de los deberes de forma y de fondo para la creación de estas.
Por lo tanto, la ley debe de ser entendida como derecho positivo, producto de esa función del Estado de legislar, que fue dada por todos los ciudadanos al momento de pactar las normas que regirán la convivencia de todos y cada uno de los ciudadanos de un país.
Vea también Fuentes del derecho.
Derecho positivo vigente
El derecho positivo se caracteriza por gozar o carecer de vigencia. Es decir, si tiene vigencia es porque la ley rige en la actualidad, y aún no ha sido derogada por otra ley, por lo cual todos los ciudadanos están sujetos s su cumplimiento.
Si por el contrario una ley carece de vigencia quiere decir que es derogada por otra, por lo tanto su cumplimiento no es obligatorio en virtud de la existencia de la nueva ley, la cual goza de vigencia y su incumplimiento es reprochable.
Derecho positivo y derecho natural
El derecho positivo se basa en que el único derecho válido es aquel creado por el hombre, más específicamente por el Estado a través del Poder Legislativo, el cual se encarga de la creación de las leyes en un país a fin de establecer el orden y la sana convivencia social.
Por su parte, el derecho natural ser refiere a aquellos derechos que son inherentes al ser humano gracias a su propia condición, por tanto, se consideran anteriores a los derechos escritos. Es decir, se trata de derechos fundamentales como el derecho a la vida.
Sin embargo, para los defensores del derecho positivo el derecho natural no existe, y en caso contrario dependerá en parte de lo que el propio derecho positivo le permita existir, lo cual desarrolla el llamado monismo jurídico, es decir el positivismo.
Vea también Derecho natural.
Para explicar un poco lo anterior tendríamos que preguntarnos lo siguiente: ¿debemos permitir cualquier actuación del Estado o dirigentes de países porque lo que hacen es permitido por la ley? ¿O acaso existe algún derecho inherente al ser humano que no puede ser violado por ninguna ley, y al ser esta violatoria de dichos derechos debe ser anulada?
He aquí la discrepancia entre el derecho positivo y el derecho natural, lo cual hace una extensa batalla entre uno y otro y las diferentes posturas que existen entre los catedráticos del derecho.
Sin embargo, hay autores que defienden que tanto el derecho positivo como el derecho natural existen y se complementan, ya que aunque exista un derecho inherente al ser humano, algunos derechos inalienables o fundamentales deben ser respetados por las leyes de los distintos ordenamientos jurídicos.
Vea también:
Ejemplos de derecho positivo
A continuación se presentan diferentes ejemplos de aplicación del derecho positivo y su finalidad.
Constituciones nacionales
Tienen la finalidad describir el marco legal sobre el cual es regido un país. Por ejemplo, expone las funciones de los poderes públicos, las obligaciones del Estado con los ciudadanos, así como las demás normas destinadas para el buen desarrollo político, económico, social y cultural de un país.
Derecho a la educación pública
Se refiere al derecho que deben tener garantizados todos los ciudadanos para tener acceso a la educación pública primaria, secundaria y universitaria financiada por el Estado.
Códigos penales
Son una serie de leyes que estipulan los procesos judiciales y penales que se corresponden ante cualquier delito, bien sea de menor o mayor grado. Por ejemplo, agresiones, robos, homicidios, entre otros.
Documentos legales
Se refiere una serie de documentos que deben ser legalizados como las partidas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, actas de divorcio, entre otros, los cuales al cambiar modifican el estado civil de los ciudadanos y sus responsabilidades ante la ley.
Códigos éticos profesionales
Hay profesiones que se organizan en gremios o colegiaturas a fin de establecer y garantizar los derechos y deberes que tienen los profesionales de un área en particular.
Por ejemplo, el gremio de médicos tiene un código de ética que penaliza a aquellos profesionales que ponen en peligro la vida de los pacientes al proceder con algún tratamiento sin su previo consentimiento.