Los desastrosos efectos del Tratado Transatlántico (TTIP)
Una amalgama de siglas están apareciendo para describir lo mismo. Y no es sin razón. La opacidad por la cual está siendo tratado este nuevo tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, induce a la falta de consenso entre los actores mediáticos. Aun así, en la prensa se han aceptado de manera general las siglas en inglés, puestas en disposición por las instituciones supranacionales, de TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, por sus siglas en inglés)[1].
Sin embargo, la sopa de letras no se termina con el TTIP. CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) y el SPA (Strategic Partenship Agreement) son acuerdos, de carácter comercial y político entre los países de la Unión y Canadá. Éste servirá como puente para implementar el TTIP. El 26 de setiembre de 2014, las negociaciones entre los dos actores han finalizado a la espera de la ratificación del tratado en el Consejo y Parlamento Europeo (ente competente) y en los respectivos parlamentos de los estados comunitarios (si su constitución lo exige).
Pero, ¿qué es el TTIP?
Parece entendido que este tratado supone, de manera general, organizar el mercado de libre comercio más grande de todo el mundo, que aglutinaría más de 800 millones de consumidores y más de la mitad del PIB mundial (54%) permitiendo, asimismo, dopar las economías europeas en 120.000 M€ y las americanas en 95.000 M€ (datos elaborados por Center for Economic Policy Research)[2]. Con esta mirada económica, un ciudadano europeo no dudaría de su implantación, pero... ¿por qué entonces tanto secreto?
El TTIP sobrepasa con creces los “simples” acuerdos de libre comercio, puesto que persigue tres objetivos importantísimos a esclarecer. El primero, consistiría en la supresión de los últimos derechos de aduana (barreras tarifarias), de por sí muy bajos[3]. El segundo, por su parte, pretende “armonizar” las barreras no tarifarias (normas) entre los países involucrados[4]. Por último, consiste en garantizar mecanismos legales, llamados ISDS (Investor-State Dispute Settlement), para que los inversores no se encuentren con trabas reglamentarias o legislativas en los mercados que pretendan introducirse, y en caso de encontrarlas, poderlas esquivar. Dicho en otras palabras, el TTIP (o también el CETA) pretende priorizar los intereses de las grandes empresas sobre los Estados, con la evidente pérdida de soberanía que esto conllevaría.[5]+[6]
De hecho, las negociaciones han estado instigadas por numerosos lobbys americanos[7] y europeos[8], pero de manera oficial son los funcionarios de los respectivos gobiernos quienes lo están tratando[9]. Las negociaciones finalizarán, teóricamente, el año que viene, pero serán precedidas por un largo proceso de ratificación en el Consejo y el Parlamento Europeo así como en los países que su legislación lo exija. Este proceso no será tarea fácil en este período de crisis económica, social y política en Europa (sobre todo en el Sur). De este contexto más la incertidumbre sobre las posibles consecuencias del TTIP se deduce la impermeabilidad de las instituciones[10].
¿Qué ventajas o desventajas acarreará el TTIP?
Las ventajas o desventajas hacia las sociedades europeas o americanas son diferentes según cada caso, y según el prisma ideológico desde el que se mire. Según el informe preparado por el lobby banquero CEPR para la Comisión Europea (quién, asimismo, afirma que es una predicción económica y como es obvio carece inevitablemente de certidumbre), las ventajas están vinculadas al crecimiento económico (aumento del 0,5% del PIB de la UE y de un 0,4% por el de EUA) sobretodo en unos sectores determinados: especialmente el sector automovilístico (40% de incremento de las exportaciones), el sector metalúrgico (+12%), la comida procesada (+9%), los productos químicos (+9%)… Al respecto del empleo, el estudio encargado para la Comisión predice un traspaso de empleos entre sectores (con relación a 7 empleos de cada 1000 en 10 años) y no realmente la creación del mismo. ¡Esto es importante! Los políticos siempre juegan la baza de la creación del empleo para justificar el tratado de libre comercio (u otros intereses de dudosa legitimidad) cuando realmente no se adhieren a los datos de los estudios oficiales de las instituciones las cuales ellos representan.
Además, las desventajas se materializan en múltiples niveles más, las cuales no están mencionadas en el estudio de la CEPR (de análisis demasiado economicista): el tratado arriesga el nivel social, económico, sanitario, cultural, del medio ambiente, político e incluso geopolítico... Por ejemplo, los ocho derechos fundamentales propuestos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son adoptados por los países integrantes de la UE. En contrapartida, solo dos de ellos son ratificados por el gobierno de los Estados Unidos. La experiencia de los tratados de libre comercio nos sugiere que la “armonización” de las normas se establece a partir del mínimo denominador común, cosa que conllevaría a una pérdida de derechos fundamentales por la parte de los trabajadores europeos, sección puntualmente mencionada por el CEPR quién afirma, de hecho, la necesidad de la desregularización del empleo.
Otro ejemplo que proponemos, por su sensibilidad social, son las amenazas sobre el medio ambiente. Un mercado de libre-cambio incrementará el tráfico de mercancías así como el gasto en energía y, consigo, la contaminación. Por otra parte, la libre entrada y utilización de determinadas tecnologías contaminantes tales como la extracción del gas de esquisto (fracking), permitir la utilización de productos químicos agro-industriales (¿os gusta el pollo bañado con cloro y la carne de vaca con hormonas? sic.) o abrir las puertas a los OMG (aunque en España la práctica de los transgénicos está muy arraigada[11])… serían algunos de estos efectos a considerar.
Para terminar este punto, mencionaremos el más preocupante: la pérdida de democracia. Constantemente, políticos y ciudadanos afirmamos rotundamente que vivimos en una democracia. Pero la democracia no está o deja de estar, sino que se tiene más o menos según la estructura productiva y la interlocución de los actores competentes dentro del sistema (donde la sociedad es el actor legítimo en una democracia). La falta de transparencia de la Unión Europea en torno a un TTIP de por sí poco democrático, denunciada por el tribunal de Justicia de la Unión Europea (CURIA), es sintomática de la pérdida de calidad democrática que ocasionarán los tratados. La economía está desbancando la política y definitivamente sometiendo la sociedad a las leyes del mercado.
La “anarquía” del Mercado (neo) liberal
Una Europa sumisa a los dictámenes de las grandes transnacionales conllevará una transformación del sistema productivo, y por tanto del sistema social, así como un retroceso en la soberanía de los Estados (la poca que ya les queda después de firmar el traslado de soberanía en los tratados de Lisboa). Una liberación de la capacidad de acción de las grandes empresas, quienes aumentarán la competencia (híper-competencia), induce a un escenario donde los pequeños productores pueden verse muy castigados si no son capaces de adaptarse a estas nuevas circunstancias (la adaptación al e-commerce sería bàsica) , ocasionando conflictos en todos los niveles de la sociedad.
Los monopolios, oligopolios… tendrán la oportunidad de incrementar su capacidad de acción en contra de los Estados, quienes estarían desprovistos de herramientas legales para ello (recordemos los mecanismos de arbitraje estado-empresa ISDS). Las reformas estructurales, vividas de manera extrema en España, son la base para que la libre circulación se pueda instaurar. Esta última, si se llega a materializar, será un nuevo escalón hacia la globalización económica, con Estados Unidos partiendo con cierta ventaja. Todo ello gracias a la influencia de sus gigantes de Internet: Google, Amazon, Facebook, Microsoft... Esta desregularización de los mercados agravaría asimismo la posibilidad de crisis. Primero, fruto de la especialización productiva en un ámbito territorial determinatdo, que tendería a intensificarse en contra de la diversidad productiva, cuya resistencia a las seculares crisis económicas del capitalismo es más efectiva. Segundo, los Estados, como mediadores de las fuerzas sociales y las fuerzas patronales, carecerían de competencias para evitar la caída del sistema productivo. La pérdida de democracia a favor del control de la economía es el precio final.
Notas:
[1] http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/ind...
[2] El CEPR es una organización (lobby) financiada por distintos bancos privados.
[3] Según la Organización Mundial del Comercio las barreras tarifárias en Europa varían según los productos pero la media se encuentra en 5,8 %. Los productos que contienen una carga tarifária mayor son los productos agrarios con una media de 13,24 %. En contrapartida, los derechos de aduana impuestos en los productos industriales son muy inferiores, 4,2 %.
[4] Según un estudio realizado por la Fondation Res Publica, el 16 de Setiembre de 2013, la “armonización” de las normas se va a hacer desde “abajo”. Es decir, se cogerán las normas nacionales o supranacionales cuyas restricciones sean menos “dañinas” para los flujos del capital.
[5] La multa de casi 9.000 M€ impuesta al grupo bancario francés de BNP Paribas por parte del Gobierno de los Estados Unidos por una supuesta inversión en países bajo embargo de los EUA (Cuba, Irán y Sudan) nos augura que la ley económica americana prevalecerá sobre las otras. Parece paradoja que cuando se está gestando un tratado transatlántico donde prevalecerán los intereses de las multinacionales defendidas por futuros tribunales internacionales, el gobierno americano pueda imponer su ley (dado su control sobre el dólar) a las empresas europeas.
[6] Nos parece importante matizar que el principal interés estadounidense es de carácter imperialista y, por lo tanto, geopolítico (o geoestratégico). La razón viene condicionada por la nueva postura proteccionista del gobierno Chino, sobre todo en lo referente a la protección de sus propias marcas de alta tecnología para el consumo nacional. Asimismo, sus ambiciones monetarias persiguen rivalizar con el dólar poco a poco (aunque esto quede alejado). Además, EUA quieren reequilibrar su déficit comercial de estos últimos años así que garantizar la hegemonía sobre las legislaciones de los productos industriales. Esto induciría la necesidad adaptativa de estados terceros a las reglas productivas del tratado Transatlántico. Mientras que los intereses europeos, por su parte, restan como simples cuestiones mercantilistas (sin ninguna ambición política para contrarrestar el dominio americano), EUA persigue mantener su hegemonía a toda costa, cosa que conllevará el intento de marginalizar China y Rusia. El proceso no es fácil, puesto que estos últimos están buscando aliados para contrarrestar la hegemonía americana. El ejemplo más claro lo encontramos con la reunión de los BRICS en Brasil coincidiendo con el Mundial de fútbol; así como la gira de Vladimir Putin en Latino América. Remarcable su acuerdo para realizar un Banco de inversión común entre los BRICS y el gaseoducto que unirá China y Rusia.
[7] De los cuales, la industria agroalimentaria, la industria cultural o, más aún, la industria de las nuevas tecnologías informáticas serían de los sectores más interesados. Según, Corporate Europe Observatory,
[8] Los grupos industriales alemanes, sobre todo los productores de vehículos, son los más interesados en este proceso quienes ven una oportunidad de deslocalizar parcialmente su industria en el territorio americano. Este último está modernizando fuertemente su tecnología industrial y contiene una legislación más laxa en el ámbito del trabajo.
[9] Del 14 al 18 de Julio se han llevado a cabo la sexta ronda de negociaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea en Bruselas. Entre el 29 al 3 de Octubre, la séptima ronda de negociaciones tendrán lugar en Maryland (EUA).
[10] Asimismo, la opacidad de las negociaciones han facilitado la elección del “ultra liberal” Jean-Claude Junquer que sustituyera a José Manuel Durao Barroso en la Comisión Europea. Este último inició las negociaciones transatlánticas con los Estados Unidos en 2013.