El estigma sobre las drogas y su peso en la atención sanitaria
El consumo de drogas es un fenómeno que se analiza desde varios ámbitos: político, legal, social, histórico, médico, educativo, psicológico, psiquiátrico, antropológico, etc.
Cada uno de estos campos del saber ha intentado explicar las causas y consecuencias del uso de diversas drogas, así como dar respuestas a la pregunta del porqué de su expansión. En este sentido, es importante adoptar un enfoque amplio y que incluya variables sociales para comprender una de las experiencias más vinculadas a las adicciones: el estigma.
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La adicción a las drogas como problema social
Si bien es cierto que la historia de las drogas y sus usos es tan antigua como la de la humanidad, es a partir del siglo XX cuando el consumo de drogas se identifica como un problema social, una identificación que trae consigo importantes obstáculos.
Lo que se dice sobre las drogas y sus consumidores está envuelto en una red de discursos ideológicos que ha hecho que la figura del consumidor esté asociada a la delincuencia, a la desviación social y al puro vicio, que es leído desde una mirada estrictamente moral.
Dicha mirada ha influido en el modo en el que los consumidores de drogas sean vistos como problemáticos o no, sean tratados tanto en los espacios sociales y familiares, pero también en lo que respecta a lo político y a lo público.
Hasta hace menos de una década, en el Ecuador no existía una red de atención pública para los consumidores problemáticos y para quienes padecen una adicción. La mayor parte de la oferta de los servicios de atención era dada desde el ámbito privado y solamente con un tipo de intervención que se normalizó y universalizó.
Se trataba del internamiento forzado en las mal llamadas clínicas de adicciones, regidas, en su mayoría, por exconsumidores “rehabilitados”, sin ninguna experiencia profesional ni ningún aval serio para atender esta problemática, y con mínimas regulaciones desde el Estado, ofertando servicios de aparente rehabilitación que poco o nada tenían que ver con la atención psicológica, médica-psiquiátrica, ocupacional, social, educativa que esta problemática requiere.
Es así que durante décadas los consumidores de drogas y quienes padecían una adicción eran expuestos a tratos inhumanos y constantes vulneraciones de sus derechos que iban desde la internación en contra de su voluntad con prácticas de capturas hasta maltratos físicos y psicológicos como medidas “reducativas” para revertir la adicción.
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La dimensión política del problema
Ahora bien, todo esto no podría haberse llevado a cabo por tanto tiempo sin una política que respalde y tolere estas prácticas. Desde los años noventa, en el Ecuador y, gracias a la llamada guerra contra las drogas (orquestada en los años setenta por los Estados Unidos de América, que llegó a Latinoamérica con fuerza en los años ochenta y noventa) se construyó una de las leyes de drogas más draconianas de la región, la llamada ley 108, que ubicaba a las drogas y sus consumidores en el ámbito de lo penal.
Sumado a esto encontramos la influencia del discurso religioso, que ubica al consumo de drogas en el orden del pecado, se dio paso a la construcción de fuertes estigmas que orientaron las políticas en prevención y tratamiento y, consecuentemente, las prácticas clínicas.
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El estigma de la adicción
A pesar de que desde el año 2008, en la Constitución de la república se considera a las adicciones como un problema de salud pública, y de que existen centros de tratamientos públicos tanto residenciales como ambulatorios profesionalizados, los estigmas sociales aún imperan en ciertas prácticas de salud y, sobre todo, en el imaginario social.
Basta con escuchar algunos discursos coloquiales sobre los consumidores de drogas para entender cómo estos estigmas operan. Es así que sobre los consumidores de drogas recaen identidades como pecadores, criminales, viciosos, desviados, etc. Lo común en todas estas identidades es que se deja de lado la subjetividad, es decir, al ser humano que consume drogas o que tiene una adicción.
En cuanto a la atención de salud, estos estigmas producen, por un lado, que los usadores problemáticos no demanden atención, pues ellos mismos y sus familias no consideran que deban ser tratados o atendidos desde el ámbito profesional, y, por el otro, que los mismos profesionales de salud hagan sus intervenciones apoyándose en el estigma.
Entonces encontramos intervenciones sesgadas, tratamientos mal indicados, personas que han sido internadas sin necesitarlo, poco interés en la construcción de otros dispositivos como los de reducción de riesgos y daños; instituciones y tratamientos dogmáticos y universales, que indican el mismo tratamiento tanto para quien consume marihuana una vez al mes como para alguien que tiene una dependencia crónica de varias drogas; poca formación profesional en este campo, y exclusión de algunos servicios como, por ejemplo, los hospitalarios, para la desintoxicación o en casos de recaídas.
Existe un largo camino por recorrer y una deuda inmensa con los consumidores de drogas, con las personas que padecen una adicción y con sus familias en tanto la restitución de sus derechos, la construcción de políticas apropiadas y el establecimiento de suficientes alternativas de tratamiento acordes con la complejidad de la problemática y con principios éticos.
Autora: Lorena Villacís, psicóloga clínica y miembro de Con-Dicción, Dispositivo Ambulatorio para Consumos Problemáticos de Alcohol y otras Drogas, de Superar Centro Integral de Psicología.