Bienio negro: antecedentes, desarrollo, medidas
El bienio negro o bienio conservador fue la segunda fase en la que se ha dividido históricamente a la Segunda República Española. Este periodo abarca desde las elecciones celebradas en noviembre de 1933 hasta las que tuvieron lugar en febrero de 1936.
Los resultados de las elecciones de 1933 fueron una derrota absoluta para los partidos de izquierda que habían gobernado hasta entonces. La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) se convirtió en el partido mayoritario, pero sin lograr la mayoría absoluta.
En un primer momento, la CEDA decidió apoyar a Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical, como Presidente, aunque sin entrar en el gobierno. En 1934, la situación cambió y la derecha católica entró a formar parte del gabinete. La primera consecuencia fue el estallido de la Revolución de Asturias.
Aparte de este levantamiento en contra del gobierno derechista, el bienio negro se caracterizó por la alta conflictividad social, política y territorial. Igualmente, los nuevos mandatarios derogaron buena parte de las leyes progresistas promulgadas durante los años anteriores.
En 1936, ante el hundimiento del gobierno radical por varios casos de corrupción, el país volvió a las urnas. Las izquierdas, unidas en el Frente Popular, lograron la victoria.
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La Segunda República Española se había proclamado el 14 de abril de 1931, después de que dos días antes las elecciones arrojaran el triunfo de los partidos republicanos en las grandes ciudades. Ante eso, el rey Alfonso XIII decidió abandonar el país y abdicar.
En junio de ese mismo año, el gobierno provisional convocó elecciones a las Cortes Constituyentes. La victoria fue para una coalición de partidos formada por republicanos y socialistas y se inició la redacción de una nueva Constitución que se aprobó también ese año.
La primera parte del periodo republicano se denominó bienio reformista. Manuel Azaña fue nombrado presidente del gobierno y su gabinete estaba compuesto por los partidos vencedores en las elecciones.
Durante esta fase, el gobierno promulgó varias leyes progresistas para modernizar la sociedad. Entre las medidas aprobadas destacaron una reforma religiosa para limitar la influencia de la Iglesia, cambios en el ejército para profesionalizarlo, una reforma agraria y la descentralización de la administración territorial.
Las medidas tomadas por el gobierno fueron rechazadas por los poderes tradicionales, como la Iglesia, los terratenientes y el ejército. De esta forma, en 1933 reaccionaron fundando la Confederación Española de Derechas Autónomas, con José María Robles Gil como líder.
Además de la oposición de la CEDA, también existían facciones fascistas, como la Falange, que comenzaron a realizar una campaña de agitación en contra del gobierno. Esta acusó el desgaste causado por la oposición y, además, tuvo que enfrentarse a un golpe de Estado fallido liderado por José Sanjurjo.
El gobierno no pudo resistir la presión de los sectores conservadores y Azaña presentó su dimisión. Ante esto, el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933.
El gobierno había reformado también la ley electoral durante su mandato. Con los cambios se favorecía a aquellos partidos que se presentaran en coalición frente a los que lo hicieran por separado.
Para aprovechar esta ventaja, la CEDA se alió con el Partido Agrario, con Renovación Española (monárquicos) y con Comunión Tradicionalista.
Aunque tenían sus diferencias, prepararon un programa con solo tres puntos: reforma de la Constitución de 1931, derogación de las reformas y el indulto a los presos encarcelados por delitos políticos. Esto último incluía a los participantes en el intento de golpe de Estado de Sanjurjo.
La estrategia de la CEDA para alcanzar el poder pasaba por apoyar a Lerroux, del Partido Republicano Radical y, después, pedir entrar en el gabinete para, en poco tiempo, poder presidirlo.
Por su parte, Lerroux se presentaba como un partido moderado de centro y para las elecciones formó una coalición con otras organizaciones de centro-derecha. En las zonas en las que hubo que celebrar segunda vuelta, no dudó en aliarse con la CEDA.
Por último, la izquierda no consiguió ponerse de acuerdo para presentarse en coalición. A esto se le unió que los anarquistas de la CNT hicieron campaña por la abstención.
La elecciones, en las que las mujeres pudieron votar por primera vez, arrojaron un claro triunfo de las coaliciones de centro-derecha y de derechas. Entre estos, fue la CEDA la que más diputados consiguió, seguidos del Partido Republicano Radical. La izquierda, por su parte, se hundió y consiguió una representación muy escasa.
A pesar de esto, la Cámara estaba muy dividida y fue necesario que se alcanzaran acuerdos para poder gobernar.
La composición del Parlamento dejaba, prácticamente, una única opción para configurar un gobierno estable: el pacto entre el partido de Lerroux y la CEDA, con el apoyo de otras organizaciones minoritarias.
Alcalá-Zamora encargó a Lerroux que buscara apoyos entre las fuerzas favorables a la república para ser proclamado presidente. La CEDA, aunque no entraba en esa categoría, accedió a votar a favor y a quedarse fuera del gabinete. La táctica de Gil Robles era entrar más tarde en el gobierno y, después, pasar a encabezarlo.
Los monárquicos y los carlistas consideraron que el voto de la CEDA a favor de Lerroux era una traición y establecieron conversaciones con Mussolini, líder fascista de Italia, para conseguir armas y dinero para un levantamiento.
El gobierno de Lerroux, con apoyo externo de la CEDA, tan solo realizó pequeñas reformas de las leyes aprobadas durante el bienio anterior. A pesar de la timidez de sus medidas, los anarquistas protagonizaron varias revueltas y huelgas en varias partes del país.
En abril de 1934, el gobierno intentó que se aprobara la amnistía para los participantes en el intento de golpe de Estado de 1932. Sin embargo, Alcalá-Zamora, como presidente de la República, se negó a firmar la ley. Larroux, cada vez más aislado, dimitió y fue sustituido por Ricardo Samper, también del Partido Radical.
Samper conservó el puesto hasta octubre de ese mismo año. Fue entonces cuando la CEDA inició la segunda parte de su estrategia y pidió entrar en el gobierno con tres ministros. A esta exigencia se le unió la dimisión de 19 diputados radicales disconformes con la política derechista realizada por el presidente.
La CEDA, además de exigir su entrada en el gobierno, comunicó que dejaba de apoyar a Samper y este no tuvo más remedio que dimitir.
Los partidos republicanos de izquierda intentaron presionar a Alcalá-Zamora para que convocara nuevas elecciones, pero el Presidente decidió atenerse a la normativa. Su solución fue volver a proponer a Lerroux como presidente del gobierno.
El nuevo ejecutivo, que se organizó el día 4 de octubre, contaba con tres ministros de la CEDA. Esto llevó a los socialistas a convocar lo que llamaron “huelga general revolucionaria” a partir del día siguiente.
En líneas generales, esta sublevación fue sofocada con rapidez, aunque provocó enfrentamientos armados en algunas partes de la península. La excepciones se presentaron en Cataluña y Asturias.
Al día siguiente del inicio de la huelga revolucionaria, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, comunicó la ruptura de relaciones con Madrid. Tras esto, realizó la proclamación del “Estado catalán en la República Federal Española” como una medida contra “las fuerzas monárquicas y fascistas que habían asaltado el poder”.
Companys propuso la creación de un gobierno provisional de la República que tuviera su sede en Barcelona para oponerse a las políticas de la CEDA.
Esta proclamación tuvo una duración muy corta. El gobierno catalán no logró movilizar a la población y se encontró con que la CNT, por entonces la organización obrera más importante de Cataluña, no respondiese a sus llamadas.
El día 7, el ejército español acabó con la rebelión y todos los miembros de la Generalitat, incluido el Presidente, fueron apresados. El Estatuto de autonomía, que databa de 1932, fue anulado y los organismos autonómicos suspendidos.
La zona del país en el que la huelga revolucionaria resultó un éxito fue en Asturias. La causa fue la alianza creada entre la CNT, Alianza Obrera y la Unión General de Trabajadores, organizaciones a las que después se añadió el Partido Comunista.
El levantamiento revolucionario había sido planeado con antelación y los grupos contaban con armas y dinamita que había robado de las minas.
La noche del día 5 se produjo la movilización de 20.000 obreros, casi todos mineros. En pocas horas consiguieron controlar buena parte del territorio asturiano, incluidas Gijón, Avilés y parte de Oviedo.
A pesar de los intentos de coordinar y controlar la acción revolucionaria, se produjeron algunos episodios de violencia contra personalidades de la derecha y miembros del clero.
El gobierno envió tropas que estaban estacionadas en África para acabar con la rebelión. Al frente, desde Madrid, se encontraba el general Franco. A pesar de la presencia del ejército, la rebelión aún se mantuvo hasta el día 18, cuando los rebeldes se rindieron.
La experiencia de octubre incrementó el miedo de las derechas a una revolución obrera. La CEDA empezó a presionar al Partido Radical para acelerar las reformas que creía necesaria.
Nada más terminar la revolución de octubre de 1934, los radicales rechazaron las duras propuestas de la CEDA para reprimir a los sublevados. Esto llevó a que, el 7 de noviembre, la derecha amenazara con retirar el apoyo a Lerroux si no cesaba al ministro de Guerra, tachado de blando.
En abril del año siguiente se produjo una nueva crisis cuando los tres ministros de la CEDA votaron en contra de anular la pena de muerte a la que habían sido sentenciados dos líderes socialistas asturianos.
Lerroux, con la ayuda del Presidente de la República, trató de reformar su gobierno para dejar fuera a la CEDA. Sin embargo, en mayo tuvo que abandonar esa idea y admitir que la presencia cedista en el gabinete aumentara de tres a cinco ministros.
Esta nueva composición daba, por primera vez, mayoría a la derecha más dura, compuesta por la CEDA y por el Partido Agrario. El resultado fue la adopción de medidas como una contrarreforma agraria, aunque no pudieron cambiar la legislación en la educación o la Constitución.
La reforma de la Constitución de 1931 era parte del programa de la CEDA. Cuando se alió con el Partido Radical logró que este incluyera el punto en el pacto, aunque durante dos años nadie comenzó los trabajos.
Fue en mayo de 1935 cuando los partidos que conformaban el gobierno presentaron un borrador de reforma de la Carta Magna. En este se limitaba la autonomía de varias regiones, se eliminaban libertades como el divorcio y se anulaba gran parte del articulado que hablaba sobre la separación entre la Iglesia y el Estado.
A principios de septiembre, el líder de la CEDA, Gil Robles, afirmó que su intención era renovar totalmente la Constitución y amenazó con hacer caer al gobierno en caso de que su reforma no saliera adelante.
Las discrepancias entre los socios de gobierno acerca del cambio constitucional acabó provocando una crisis interna. Como resultado, Lerroux disolvió el gabinete y dimitió como presidente del gobierno.
Alcalá-Zamora maniobró para colocar en el cargo a uno de sus partidarios: Joaquín Chapaprieta. Aunque este era bastante liberal, consiguió los votos de cedistas y radicales. Sin embargo, un escándalo de corrupción que afectaba al Partido Radical volvió a causar otra crisis de gobierno que se convirtió en la antesala del fin del Bienio Negro.
La práctica totalidad de la actividad legislativa durante el bienio negro estuvo centrada en tratar de derogar las reformas introducidas durante los primeros años de la República. Sin embargo, los partidos conservadores no consiguieron eliminar la mayor parte de las medidas en vigor.
Los gobiernos del bienio conservador revocaron algunas de las medidas implantadas anteriormente. Así, muchas tierras antes expropiadas a la nobleza fueron devueltas a sus antiguos dueños.
En esa época se hizo famoso un grito entre los patrones: “¡Comed República!”. Al amparo de la nueva legislación que paralizaba la reforma agraria, se eliminaron los turnos de trabajo, así como los requisitos que se habían creado para que los propietarios no pudieran contratar a su antojo, lo que provocó el descenso de los sueldos por jornal.
Igualmente, a principios de 1934, el gobierno no aprobó la prórroga del Decreto de Intensificación de Cultivos, lo que desembocó en el desalojo de 28000 familias de los terrenos que estaban trabajando.
Los intentos por reducir el poder de la Iglesia Católica en España fueron paralizados. Para empezar, el gobierno trató de acordar un Concordato con el Vaticano, aunque no tuvo tiempo suficiente para firmarlo.
En cambio, sí aprobó dedicar un presupuesto específico para el clero y las actividades eclesiásticas. Por otra parte, eliminó la prohibición de que los religiosos impartieran clases.
La política de descentralización impulsada durante el bienio reformista fue desautorizada por el nuevo gobierno.
La Constitución de 1931 establecía la legalidad de los estatutos de autonomía, lo que según la CEDA era una amenaza para la unidad del país. Por ese motivo, pusieron en marcha una iniciativa para reformar los artículos constitucionales relacionados con ese ámbito.
Además de ese intento de reforma de la Constitución, los gobiernos radical-cedistas pusieron múltiples impedimentos para que la Generalitat de Cataluña desarrollara sus prerrogativas. Además, rechazaron el estatuto de autonomía del País Vasco.
Otras medidas tomadas en este periodo de la Segunda República fueron la amnistía para los participantes en el intento de golpe de Estado de 1932, incluido su impulsor, Sanjurjo. El perdón también se concedió a los que hubieran colaborado con la dictadura de Primo de Rivera.
Sin embargo, otros asuntos que habían sido reformados a comienzos de la República no sufrieron modificaciones. Es el caso de la reforma militar y de la educativa, aunque los fondos destinados a ambos aspectos fueron recortados.
Dos escándalos, el del estraperlo y el Nombela, terminaron de hundir al Partido Radical. Ante esto, Gil Robles decidió que había llegado el momento de asaltar el poder y procedió a retirar su apoyo al presidente Chapaprieta.
Además de los escándalos, Gil Robles aprovechó que entonces, diciembre de 1935, la Constitución de 1931 cumplía cuatro años. Según la legislación, eso significaba que las futuras reformas podías aprobarse por mayoría absoluta y no con los dos tercios de los diputados como hasta ese momento.
En ese contexto, el líder de la CEDA pidió ser designado para presidir el nuevo gabinete. La decisión estaba en manos de Alcalá-Zamora, nada partidario de darle esa oportunidad.
Alcalá-Zamora negó a Gil Robles su petición alegando que ni él ni su partido habían jurado fidelidad a la República.
Legalmente, el Presidente de la República tenía la potestad de proponer al candidato a la jefatura del gobierno, y Alcalá-Zamora fue propiciando que se formaran gabinetes independientes que solo duraban unas pocas semanas y con el parlamento cerrado. Una vez este celebraba una sesión, el gobierno caía y se elegía uno nuevo.
El 11 de diciembre de 1935, con la tensión entre Gil Robles y Alcalá-Zamora a punto de estallar, el presidente de la República advirtió que estaba dispuesto a convocar elecciones si la CEDA no admitía que se eligiera un mandatario de otro partido.
Gil Robles se negó y algunos militares le propusieron dar un golpe de Estado. Sin embargo, el líder cedista rechazó el ofrecimiento.
Finalmente, ante la situación sin salida en la que se encontraba la formación de gobierno, Alcalá-Zamora disolvió las Cortes el 7 de enero de 1936 y convocó nuevas elecciones.
Las elecciones se celebraron el día 16 y el 23 de febrero, ya que el sistema establecía dos vueltas.
En esta ocasión, los partidos de izquierda lograron acudir en una coalición, el Frente Popular. Este estaba conformado por el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Republicana, el Partido Comunista, Esquerra Republicana de Cataluña y otras organizaciones.
Por su parte, esta vez fueron los partidos de derecha los que no lograron llegar a un acuerdo. La CEDA desarrolló un sistema de alianzas muy variable, con acuerdos con los antirrepublicanos en algunas circunscripciones y con el centro derecha en otras. Esto provocó que no fueran capaces de presentarse con un programa único.
Los resultados fueron favorables al Frente Popular, que logró el 60% de los diputados. El sistema electoral hace muy complicado señalar el porcentaje de votos de cada partido, pero se estima que la diferencia entre ambos bloques fue bastante menor. La derecha, como le pasó a la izquierda en 1933, se vio perjudicada por no llegar a alianzas estables.
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