Caso Matesa: antecedentes, sucesos, consecuencias
El caso Matesa fue un escándalo económico y político que estalló durante los últimos años de la dictadura franquista en España. Esa última etapa del franquismo estuvo caracterizada por el denominado desarrollismo, una nueva estrategia emprendida por los llamados tecnócratas para adaptar el modelo económico al del resto de Europa.
Durante las primeras décadas de la dictadura de Franco, el sistema económico que se había implantado había sido una autentica autarquía. Este era el modelo defendido por los llamados “azules”, los miembros del gobierno procedentes de Falange, de ideología fascista.
La apertura económica de los años 60 permitió la mejora de las condiciones de vida de la población. Con ella aparecieron empresas exportadoras, entre las que se encontraba Matesa, que afirmaba estar vendiendo grandes cantidades de un telar muy novedoso. El escándalo estalló cuando se supo que esos datos no eran ciertos y que las ventas eran muy inferiores.
Matesa había recibido créditos públicos de una cuantía muy considerable. Además, los “azules” del régimen aprovecharon para relacionarla con los tecnócratas y con el Opus Dei con la intención de debilitar su poder político. Finalmente, Franco decidió renovar su gobierno casi totalmente, aunque los tecnócratas lograron mantener su primacía.
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Al finalizar la guerra civil en España, el general Franco implantó un gobierno dictatorial de partido único en el que el fascismo tenía una gran influencia. Esto se tradujo en la implementación de un sistema económico basado en la autarquía.
Sin embargo, la derrota de sus aliados ideológicos (Italia y Alemania) en la Segunda Guerra Mundial provocó algunos pequeños cambios. A partir de la década de los 50, cuando el mundo se encontraba en plena Guerra Fría, Estados Unidos inició un acercamiento a la dictadura.
Con el tiempo, a cambio de la apertura de bases militares estadounidenses, el aislamiento internacional de la España franquista empezó a relajarse. Aunque la economía seguía siendo muy precaria, el régimen comenzó una política de apertura a los mercados para tratar de mejorar la situación.
Los resultados de esta nueva política económica comenzaron a verse en los años 60. La mejora fue notable, aunque llegó a la población de manera muy desigual.
En los últimos años de la década de los 50, la situación económica española había tocado fondo. El régimen franquista puso en marcha entonces una serie de reformas para intentar paliar la difícil situación. Para eso, Franco incorporó a su gobierno a varios ministros provenientes del Opus Dei: los denominados tecnócratas.
Aunque las reformas solo estuvieron enfocadas a la economía, sin que afectara a las libertades políticas, sus efectos permitieron la aparición de una clase media en el país.
Sin embargo, la llegada al gobierno de estos tecnócratas encontró la oposición del grupo de poder surgido de la Falange, los llamados “azules”. El Caso Matesa acabaría siendo utilizado por estos para intentar socavar la creciente influencia de los tecnócratas.
Muchos expertos consideran que el Caso Matesa marcó el principio del fin del régimen franquista. Justo antes de que se hiciera público el escándalo, Franco había nombrado como su heredero a Juan Carlos de Borbón, algo que tampoco gustó a algunos miembros de su gobierno.
Matesa, siglas de Maquinaria Textil del Norte S.A, había sido creada en 1956 por Juan Vilá Reyes. Pronto comenzó a ser puesta como ejemplo por el régimen franquista de empresa española de éxito internacional.
Su producto estrella era un telar que no necesitaba lanzadera. La máquina estaba compuesta de piezas exportadas de los Estados Unidos y el montaje final se realizaba en España. De acuerdo a la propaganda, Matesa vendió miles de estos telares al resto del mundo.
En esa época, el Estado apoyaba a las empresas mediante los préstamos que concedía el Banco de Crédito Industrial, de titularidad pública. En este caso, Matesa había recibido unos 10.000 millones de pesetas (unos 60 millones de euros) que debía utilizar para promocionar las ventas en el extranjero.
La importancia del préstamo obtenido era tal que igualaba el presupuesto completo del Ministerio de Agricultura durante un año.
Ya antes de que se denunciara el escándalo existían serias sospechas acerca de que los telares vendidos eran muchos menos que los que la empresa anunciaba. A pesar de eso, el BCI continuó concediéndole créditos.
La realidad de las ventas era mucho menos positiva, especialmente en el exterior. Sin embargo, la empresa inició una estrategia para seguir beneficiándose de los créditos concedidos por el Estado.
Así, guardó en sus almacenes cientos de máquinas teóricamente vendidas y, además, contaba como ventas aquellas unidades adquiridas por sus filiales en el extranjero, aunque el público no las comprara. Es decir, se trataba de una especie de autoventa.
Las primeras sospechas aparecieron en 1967. En el verano de ese año, Matesa se vio envuelta en una investigación por evasión de divisas en una cuantía que superaba los 100 millones de pesetas. Esto no bastó para que dejara de recibir préstamos por parte del banco de créditos público.
En 1969, como se ha apuntado, la cantidad recibida por Matesa era de unos 10.000 millones de pesetas. Además, había sido favorecida por una legislación favorable en cuestión de impuestos, ya que se podía desgravar hasta un 11%. A pesar de estos datos, solo la lucha política en el interior del régimen permitió que el escándalo llegara al público.
Los que iniciaron la batalla fueron los “azules”, quien consideraron que era la oportunidad perfecta para debilitar a sus rivales, los tecnócratas del Opus Dei. Para empezar, aunque él siempre lo negó, acusaron e Vilá Reyes de pertenecer a esta organización religiosa.
Fue el ministro argentino de Industria quien destapó la falsedad de las ventas del telar. Este político se encontraba de visita en España cuando le preguntaron acerca del famoso telar. El ministro no tenía idea acerca de lo que le estaban preguntando.
Como se sabría después, Matesa solo había podido vender 120 máquinas en ese país, lejos de las 1500 que había declarado.
El 23 de julio de 1969 el caso llegó a los tribunales. El autor de la denuncia fue Víctor Carlos Sanmartín, quien entonces ocupaba la dirección general de Aduanas. El tribunal, tras escucharle, ordenó detener a Juan Vilá Reyes y a otros directivos.
Aparte de la importancia económica y simbólica del escándalo, lo verdaderamente importante se vivió en el campo de la política.
Los “azules” comenzaron pronto una campaña para culpar de lo ocurrido a los tecnócratas. Al frente de los ataques se encontraban Manuel Fraga, ministro de Información y José Solís.
Una de las primeras publicaciones en contra de los tecnócratas apareció en el diario SP, muy cercano a la Falange. El 9 de agosto afirmó en su editorial que “el control público de la empresa privada Matesa lleva camino de convertirse en el ‘affaire’ más sonado de los 30 últimos años, pues sus incidencias económicas y financieras (…) bordean las fronteras del escándalo, la ligereza y el fiasco”.
Por primera vez, algunos medios de comunicación se atrevieron a exigir la dimisión de los ministros que controlaban la economía del país.
Para entender la importancia de esta publicación hay que tener en cuenta el férreo control del régimen sobre los medios de comunicación. La libertad de información con la que se trató el escándalo solo podía significar que sectores del gobierno estuvieran detrás de los publicado.
El Nuevo Diario se hizo eco de esta lucha interna: “El hombre de la calle, espectador mudo y asombrado (…) adivina que, en el fondo, se está ventilando una durísima y nada académica lucha por el poder”.
Después del escándalo Matesa, el Banco de Crédito Industrial fue desmantelado y, por lo tanto, dejaron de concederse préstamos públicos durante un largo periodo.
De acuerdo a la informaciones aparecidas años después, ya en democracia, el Estado solo pudo recuperar unos 6900 millones de pesetas de los más de 11000 millones defraudados entre créditos e intereses impagados.
La cantidad recuperada, además, procedía de las compañías de seguros: ni Matesa ni su fundador aportaron nada.
Según los documentos oficiales de la época, el primer pensamiento de Franco para solucionar el escándalo era que Vilá Reyes dejara su puesto en la empresa y, finalmente, hacer que el Estado la incautara. Sin embargo, la denuncia pública impidió que ese plan pudiera llevarse a cabo.
Vilá Reyes y otros directivos tuvieron que enfrentarse a un juicio y fueron condenados a pagar una multa de 21 millones de pesetas por la evasión de divisas de 1967 y otros 1658 millones por el fraude con los créditos.
Igualmente, el fundador de la empresa fue condenado a tres años de prisión. No obstante, Franco le concedió un indulto en 1971 mediante el que se le perdonó el pago de la multa y se le redujo la pena de prisión a solo una cuarta parte. Este indulto llegó incluso antes de que la sentencia hubiera sido confirmada, algo que era ilegal.
Más adelante, en 1975, Vilá Reyes fue de nuevo condenado, esta vez por estafa, falsedad documental y cohecho activo. La sentencia fue muy dura: 223 años de cárcel y una multa de casi 1000 millones de pesetas.
Sin embargo, tampoco en esta ocasión tuvo que cumplir la pena, ya que recibió un indulto del recién coronado Juan Carlos I.
Los “azules”, liderados por Manuel Fraga, aprovecharon la ocasión para tratar de debilitar a sus rivales políticos.
A pesar de sus esfuerzos, todo lo que pudo conseguir fue que los mandatarios del BCI fueran destituidos y que se abriera una comisión de investigación.
En la época en la que estalló el escándalo, la salud de Franco estaba empezando a empeorar. Uno de los posibles sucesores era Carrero Blanco, quien se dio cuenta enseguida de las posibles consecuencias del caso Matesa.
Para el almirante, este asunto “era uno de los cuatro problemas políticos que si no se resuelven en su conjunto con la debida urgencia podían erosionar seriamente nuestro régimen”.
La intervención de Carrero Blanco fue fundamental para que los ministros del Opus Dei, los tecnócratas, no sufrieran las consecuencias del escándalo. De hecho, consiguió que su posición frente a los “azules” saliera reforzada.
La solución del régimen fue cambiar a casi todos los ministros del momento. Para sustituirlos, Franco eligió a una gran mayoría de tecnócratas. Figuras importantes entre los “azules”, como Fraga y Solís, perdieron sus puestos como ministros.
Los ministros económicos del gobierno no fueron acusados ni de corrupción ni de negligencia. Los tres, Mariano Navarro, Juan José Espinosa y Faustino García, se beneficiaron del indulto concedido por Franco y solo debieron acudir al juicio como testigos.
Durante ese juicio, estos altos cargos confirmaron que habían viajado al exterior invitados por la empresa para visitar sus fábricas. Aunque no se pudo demostrar, los expertos señalan que sus declaraciones parecieron confirmar que eran conocedores, o al menos sospechaban, de las irregularidades que se cometían en Matesa.
- Noceda, Miguel Ángel. El escándalo que erosionó al régimen franquista. Obtenido de elpais.com
- Jiménez, Fernando. El caso Matesa: un escándalo político en un régimen autoritario. Recuperado de dialnet.unirioja.es
- Bustamante, José Manuel. ¿Qué fue el ‘caso Matesa’?. Obtenido de elmundo.es
- Pace, Eric. High Court Gets Scandal in Spain. Obtenido de nytimes.com
- El Confidencial. 50 años de Matesa, el primer gran escándalo de corrupción del franquismo. Obtenido de elconfidencial.com
- Mgar. Franquismo: Escándalos y casos de corrupción. Obtenido de mgar.net