Las principales formas de medir la equidad y la justicia social
Las principales formas demedir la equidad y la justicia social son la observación directa, la aplicación de encuestas, entrevistas y conversaciones, siguiendo una estrategia combinada de métodos cuantitativos y cualitativos que permitan determinar la magnitud del problema.
El conocimiento de los datos informativos a través de la medición de variables es la clave para ofrecer la ayuda que los grupos poblacionales más desfavorecidos necesitan.
Índice del artículo
- 1 ¿En qué consisten la equidad y la justicia social?
- 2 Variables para medir la equidad y la justicia social
- 3 Experiencia de organismos encargados de ofrecer justicia social
- 4 El cumplimiento de la equidad y la justicia social en el mundo
- 5 Referencias
Los conceptos de equidad y justicia social están vinculados a la necesidad de garantizar ayuda a los ciudadanos en áreas como: educación, igualdad racial, salud, trabajo digno, transporte adecuado, respeto a la cultura y a la religión, entre otros aspectos.
Con frecuencia se tiende a mezclar los términos como si se tratasen de uno solo, pero existe diferencia entre ellos, por lo que es preciso separarlos para entender mejor sus funciones.
La justicia social consiste en la aplicación de leyes que permitan la repartición justa de bienes y servicios básicos, mientras que la equidad social es una característica de esa justicia social, uno de los requerimientos necesarios para que se cumpla de manera completa.
Por lo tanto, para que haya justicia social tiene que haber equidad en la distribución de los recursos y de los servicios ofrecidos para mejorar las condiciones de vida, independientemente de los orígenes socio-económicos o étnicos de las personas.
La medición de la equidad y la justicia social implica el estudio de las siguientes variables.
El estudio de esta variable permite determinar los niveles de pobreza de un grupo poblacional y la incidencia de este factor en su calidad de vida. Para establecer esto los investigadores toman en cuenta factores como el nivel de desempleo, inflación, o ingreso familiar.
Mide la calidad de la educación, cómo de inclusiva es, qué políticas educativas se siguen, cuál es la deserción escolar, el nivel socioeconómico del estudiante e incluso su índice académico.
Determina el porcentaje de paralización laboral, a mediano y largo plazo, tasa de empleo y desempleo, nivel de ocupación de inmigrantes o contrataciones esporádicas.
Se analiza la aplicación de políticas de inclusión social, la desigualdad de ingresos y políticas contra la discriminación racial o sexual.
Se estudian las políticas sanitarias empleadas, esperanza de vida o accesibilidad a los servicios públicos.
Mide de qué manera las nuevas y viejas generaciones tienen la oportunidad de independizarse una de la otra, mejorando sus condiciones de vida en aspectos, no solo socioeconómicos, sino de índole ambiental.
Organizaciones como UNICEF realizan constantemente la medición de los grupos poblacionales que apoyan para conocer a ciencia cierta el panorama al que se enfrentan y los tipos de programas y recursos que tienen que ejecutar. Afirman que un buen estudio debe contar con los siguientes elementos:
- Definir la naturaleza del problema.
- Incorporar experiencias aprendidas en programas similares.
- Proponer una solución a los posibles problemas.
- Explicar por qué el programa es necesario.
- Identificar posibles resultados e impacto.
- Presentar paso a paso cómo lograr los resultados requeridos.
- Identificar la hipótesis a ser evaluada.
- Determinar los factores de riesgo que podrían afectar a los resultados.
Otros organismos como la Organización Panamericana de la Salud, también se han ocupado de diseñar un proceso de recolección de datos que permita analizar la equidad y la justicia social.
Señalan que han realizado esfuerzos para elegir los indicadores adecuados estudiando elementos que se vinculan con la inequidad como el sexo, el origen étnico, la clase social, la paz y la distribución geográfica.
Las organizaciones que trabajan para ofrecer justicia social no solo miden la situación de sus grupos poblacionales, sino el impacto de sus programas, con el objetivo de determinar si sus planes están logrando los cambios planteados o si serán sustentables a largo plazo.
Esa autoevaluación es necesaria para modificar normas o integrar algunas de ellas en los proyectos emprendidos, estudiando su relevancia, efectividad, cobertura, conectividad y coherencia.
El estudio incluye un riguroso proceso objetivo con el que interpretar la información obtenida para garantizar que su servicio de apoyo sea realmente exitoso. Incluye identificar retos potenciales, estudiar la relevancia de la intervención que ejecutan y el impacto positivo y negativo a corto y largo plazo.
La aplicación de la equidad y la justicia social ha tenido éxito en países como Suecia, que han conseguido lograr un equilibrio entre la riqueza y la pobreza y han establecido programas inclusivos para las personas con menores ventajas.
No todo es negativo en este campo: actualmente existen leyes contra la explotación sexual, becas para refugiados, leyes contra la discriminación racial o a favor de la igualdad de género, derecho a la salud, a la educación, el acceso a la justicia y a la libertad de expresión.
Se han logrado avances en el reconocimiento de los derechos laborales, no solo los relacionados con un pago justo y condiciones de trabajo que garanticen la seguridad física y la estabilidad psicológica sino en términos de inclusión laboral.
Actualmente existen leyes que exigen un determinado porcentaje de mujeres para la postulación de cargos gubernamentales, además de la inclusión en el sector laboral de población transgénero, personas con discapacidades físicas o diagnosticadas con Síndrome de Down o autismo.
Una evaluación cuantitativa de los programas sociales refleja que sí es posible medir la equidad y la justicia social, siempre que exista interés por parte de los organismos gubernamentales, públicos o privados en contacto con los grupos que ameritan la ayuda.
También es imperativo que se investiguen posibles hechos de corrupción que podrían desviar los recursos empleados para la ayuda humanitaria y realizar mediciones periódicas que garanticen la efectividad y la vigencia del plan que ejecutan.
Los avances son tangibles y perfectamente medibles, pero sin embargo los organismos encargados de garantizar la equidad y la justicia social deben abocarse a determinar cuáles son los sectores que más necesitan de su ayuda.
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