Violencia de género: concepto, tipos, señales, qué hacer
La violencia de género es aquella que afecta a las personas tomando en consideración su género. El término incluye todas aquellas acciones que puedan causar daños en los ámbitos físico, verbal y psicológico, y se consideran tanto las acciones ocurridas en la intimidad como aquellas que se generan de manera pública.
El término violencia de género no hace referencia únicamente a la violencia en contra de las mujeres. Aunque diversos estudios determinan que la población femenina es una de las más vulnerables en este sentido, la noción de violencia de género abarca todas aquellas acciones negativas generadas sobre la base del género del afectado.
La violencia de género se considera una violación a los derechos humanos, y las mujeres y los miembros de la comunidad LGBT suelen ser víctimas de forma más recurrente.
Este tipo de violencia puede manifestarse de muchas formas; por ejemplo, discriminación en el trabajo, prostitución forzada, coerción por parte del Estado, acoso callejero e impunidad ante ataques perpetrados, entre muchas otras.
Instituciones privadas y públicas de varios países han puesto en marcha programas e iniciativas que contribuyan a la prevención de este tipo de situaciones. Sin embargo, las cifras generales muestran que la violencia de género en general ha aumentado en los últimos años, y que dichas iniciativas no han sido suficientes.
Índice del artículo
- 1 Definición y concepto
- 2 Tipos de violencia de género
- 3 Señales de violencia de género
- 4 ¿Dónde puedes llamar o acudir?
- 5 Violencia de género en España
- 6 Violencia de género en México
- 7 Violencia de género en Argentina
- 8 Violencia de género en Colombia
- 9 Violencia de género en Perú
- 10 Violencia de género en Venezuela
- 11 Violencia de género en Ecuador
- 12 Violencia de género en otros países latinoamericanos
- 13 Referencias
La ONU brinda una definición bastante extensa de la violencia de género. Según este organismo internacional, este tipo de violencia abarca cualquier acción que pueda dañar a alguien de manera física, verbal, sexual o psicológica, por causa de su género.
El concepto busca separar la violencia general de aquella que se genera específicamente por desagrado del género del afectado. Incluye las amenazas, el control y la privación de libertad que se produzca arbitrariamente, y aplica a los casos ocurridos tanto en la privacidad como de forma pública.
A pesar de que la violencia de género es un término que abarca mucho más que la violencia contra la mujer, es indudable que existe una conexión entre ambas, pues estadísticamente las mujeres son mucho más afectadas que los hombres.
Hubo dos resoluciones de la ONU muy importantes que tienen relación con el nacimiento del término: se trata de las resoluciones 34/180 en 1979, y 48/104 en 1993.
Ambas tienen relación con el reconocimiento y la defensa de las mujeres dentro del marco legal, y sirvieron de contexto para conceptualizar de forma más concreta la violencia de género.
Fue en 2000 cuando se comenzó a hablar sobre violencia de género, esto implicó la ampliación del término y se evitó relacionarlo exclusivamente con el sexo femenino.
Pueden darse varios tipos de violencia de género:
Esta forma de violencia es quizás la más conocida. Se considera violencia física a aquella que se emplea contra el cuerpo de alguien provocándole dolor y/o daño. Es decir, cualquier acción intencional hacia otra persona que afecte su integridad física.
Este tipo es más difícil de detectar que el anterior. Es también conocido como violencia emocional. La intención es deteriorar el valor y autoconcepto, así como la autoestima de un individuo. Esta forma de violencia se da normalmente de forma verbal; pueden ser palabras hirientes, insultos, gritos e incluso humillaciones.
Se trata de obligar o coaccionar a una persona con la finalidad de que realice un determinado acto sexual sin su propio consentimiento. Se considerará violencia sexual siempre que la víctima no consienta, sea cual sea la relación que mantenga con el agresor. Puede ejercerse mediante la fuerza física, psicológica o moral.
Se considera violencia simbólica aquella que utiliza a nivel social estereotipos, símbolos, mensajes, valores, íconos o signos para inculcar al receptor una diferencia de poder o disminución del propio valor por pertenecer a un determinado grupo social.
Esta forma está caracterizada por aquellas acciones u omisiones hacia alguien que pueden perjudicar la economía y la subsistencia de la persona. Se puede intuir mediante restricciones que tengan como finalidad el control del ingreso económico, así como la interrupción o restricción no justificada para poder obtener recursos.
Algunas señales de violencia de género en una relación de pareja son:
- Celos excesivos o patológicos.
- Controlar la forma de vestir, horarios, economía y la vida en general.
- Aislar a la víctima socialmente.
- El maltratador/a culpa a la víctima de todos los problemas.
- Hipersensibilidad: el maltratador/a percibe cualquier comportamiento verbal o no verbal de la víctima como un ataque personal.
- Insultos, comentarios hirientes o de menosprecio.
- Relaciones sexuales intimidatorias.
- Golpes, daños físicos o abuso de la fuerza.
- Romper objetos del hogar.
- Cambios bruscos de humor.
Si consideras que eres víctima de violencia de género puedes llamar a los siguientes números:
España: 0016.
México: Fundación ORIGEN o CAVI.
Colombia: línea 155.
Perú: línea 100.
Argentina: línea 144.
Venezuela: InaMujer.
En España, como en casi todo el mundo, la mayoría de las víctimas generadas por la violencia de género son mujeres. Según datos de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, en lo que va de 2019 han sido asesinadas 46 mujeres, y los asesinos han sido parejas actuales o antiguas de las víctimas.
En 2003 se comenzó a llevar el registro de este tipo de crímenes en el país, y desde ese entonces se han contabilizado más de 1000 víctimas.
Según los datos de esta investigación, las comunidades en las que estos hechos son más comunes son Andalucía, Madrid y Cataluña. La mayoría de las víctimas tenían entre 41 y 50 años de edad.
Algo interesante sobre estos datos es que logró determinarse que en menos de la mitad de los casos las víctimas habían denunciado previamente a su agresor; así mismo, algunas habían tomado medidas de protección. La gran mayoría de estas mujeres vivía con los hombres que las asesinaron.
Las sentencias que condenan los actos de violencia de género han experimentado un auge en España desde 2012. Así lo indican los datos obtenidos por el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género.
También se ha observado un aumento en la cantidad de denuncias realizadas. Vale acotar que el origen de estas denuncias es bastante variable; la mayoría vino directamente de organismos policiales y de informes de lesiones que llegaron a los juzgados.
Otros casos fueron denunciados por servicios asistenciales o terceras personas, y los orígenes menos comunes fueron denuncias de las propias víctimas o de miembros de su grupo familiar.
El aumento de las denuncias puede implicar también que ha habido un aumento en los casos de violencia de género y, según la Fiscalía General del Estado, sí ha habido un incremento, especialmente en los casos en los que se coarta la libertad sexual.
Según los datos otorgados por la fiscalía, entre 2017 y 2018 hubo un aumento de este tipo de casos de violencia de un 23 %.
En cuanto a la violencia de género contra la mujer, existen datos que confirman que cada vez es menos considerada como problema principal dentro de la sociedad española.
Según una encuesta llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas en septiembre de 2019, solo el 6,6 % de la muestra consideró que la violencia en contra de la mujer está entre los tres problemas más graves en España.
En México las víctimas de la violencia de género también son sobre todo mujeres. En los últimos años ha habido numerosas protestas, y se han recibido múltiples denuncias que indican que algunos cuerpos policiales han cometido crímenes de violencia de género.
Hay varias cifras preocupantes relacionadas con esta temática en México. Por ejemplo, según el gobierno de la capital de este país, 292 mujeres mexicanas fueron víctimas de agresiones sexuales durante el primer semestre de 2019.
Así mismo, otros datos recopilados por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares indican que el 64 % de los casos de violencia contra mujeres ejecutada por sus parejas o ex parejas son considerados severos o muy severos.
Dicha encuesta indicó también que más del 19 % de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia física, incluyendo desde empujones hasta intentos de estrangulamiento.
Existen datos que confirman la participación de miembros de la policía en episodios de violencia de género. Por ejemplo, en 2016 Amnistía Internacional entrevistó a 100 mujeres, y 33 de ellas afirmaron haber sido abusadas sexualmente por funcionarios policiales durante su confinamiento.
Además, el 73 % de las mujeres indicó haber sufrido de manoseo en contra de su voluntad. Según la información brindada por las agraviadas, la mayoría de los abusos fueron infringidos por la Policía Municipal, la Marina y otras policías de carácter estatal.
En este contexto, Amnistía Internacional también determinó que las mujeres bisexuales, lesbianas y transgénero suelen ser más vulnerables ante la violencia de género.
Ante la gran cantidad de denuncias por violencia de género, el gobierno de Ciudad de México ha expresado su disposición de crear mecanismos que ayuden a aumentar la seguridad, especialmente de las mujeres.
Una de las medidas es incorporar un botón de emergencia en el transporte público, más cámaras de seguridad y más iluminación en las calles. También plantean ajustar los programas de formación para policías, agregando un componente más extenso sobre el respeto asociado al género.
Actualmente estas medidas tienen varios detractores. Tal es el caso de la abogada Andrea Medina, quien establece que lo más necesario es el aumento de investigación en los casos denunciados. Según comenta, son muy pocos los casos en los que los agresores reciben una sentencia, o las víctimas reciben algún tipo de compensación.
Estas medidas resultan fundamentales, pues cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en 2019 los delitos sexuales han aumentado en un 20 %, y que el 93 % de los casos de violencia de género quedan impunes.
Durante el primer semestre de 2019 fueron asesinadas 155 mujeres argentinas. La mayoría de los asesinatos se generaron en Buenos Aires y entre las víctimas hubo 13 menores de 11 años; así lo señalaron los datos generados por el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación.
Entre las víctimas se contaron 6 personas trans. La mayoría de las víctimas tenía entre 31 y 50 años de edad, y en casi todos los casos los victimarios formaban parte del círculo cercano de las mujeres.
Casi todas las muertes se generaron por disparos de armas de fuego, y 11 de las 155 mujeres asesinadas fueron violadas. De todas las víctimas, apenas un 23 % había denunciado al agresor con anterioridad.
En vista de este contexto ha surgido una cantidad importante de organizaciones, que buscan exponer la situación y exigir respuestas por parte de las autoridades.
Uno de estos grupos es Mujeres por la Matria Latinoamericana (MuMaLá), que hace unos meses solicitó declarar el estado de emergencia nacional en Argentina dado el auge de los casos de violencia de género.
Entre las exigencias de este y otros grupos similares destacan el desarme de funcionarios policiales con antecedentes de participación en violencia de género, la creación de juzgados especializados en este tipo de violencia y la conformación de grupos de acompañamiento para las víctimas.
El Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia indicó que la cantidad de mujeres asesinadas por violencia de género ha aumentado en 2018.
Sin embargo, las cifras de los dos primeros meses de 2019 mostraron una disminución: en enero y febrero de este año se presentaron 138 asesinatos, a diferencia de los 149 que hubo en enero y febrero de 2018.
En este país sudamericano los agresores también suelen ser conocidos por las víctimas, usualmente se trata de exparejas, parejas o familiares. En cuanto a la violencia física, reportes indican que las mujeres son las más vulnerables, pues una de cada tres declara haber sido golpeada por su pareja actual o por parejas anteriores.
La delicada situación que vive Colombia con relación a los carteles de drogas también tiene influencia en los casos de violencia de género.
Se estima que una gran cantidad de mujeres han tenido que desplazarse de sus hogares de manera forzosa como consecuencia del conflicto armado. En este mismo contexto, también han sufrido de agresiones sexuales y despojo de tierras.
La ONU ha determinado que Colombia cuenta con una estructura legal sólida que le permite manejar este tipo de casos de una forma oportuna.
Sin embargo, un informe generado por esta misma organización indica que hay una brecha importante en la aplicación de este marco legal y que existe una barrera que impide que las víctimas accedan al sistema judicial.
Varios ciudadanos colombianos han expresado que existe alta impunidad en delitos de este tipo, que según cifras de distintos organismos supera el 80 %.
En Colombia la mayoría de las víctimas tiene entre 20 y 24 años de edad. En la región de Arauca se han triplicado los casos de violencia de género; por el contrario, Bogotá y el Valle del Cauca presentan una disminución de delitos.
Hasta septiembre de 2019 se habían enumerado 127 asesinatos de mujeres en Perú; en 2018 fueron 149. Los registros indican que las principales formas de violencia de género son la psicológica, la física y la sexual.
Cifras de Datum Internacional de 2018 indican que Perú es el segundo país latinoamericano con la tasa más alta de mujeres que han sufrido acoso sexual, y la mayoría de las veces este se genera dentro del ámbito familiar.
Instituciones como América Noticias han tratado de exponer estos casos en la búsqueda de llamar la atención de las autoridades.
En este caso presentaron la publicación Femicidios 2019, en la que describen uno por uno todos los casos de violencia de género que terminaron en femicidio durante lo que va de 2019.
Hay varias instituciones gubernamentales que desarrollan programas y proyectos con la intención de mejorar la situación en este sentido.
Tal es el caso del Grupo de Trabajo Nacional, cuya función es apoyar y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar.
Se trata de un organismo que permite hacer seguimiento a las distintas iniciativas políticas que se plantean en el marco de la violencia de género.
En cuanto al marco legal, existen varias leyes destinadas exclusivamente a proteger a las posibles víctimas de violencia de género. Por ejemplo, la ley 30 314 busca sancionar y prevenir el acoso sexual que se genere en las calles.
La ley 27 942 se enfoca en los casos ocurridos en el ámbito laboral, en las relaciones de dependencia o subordinación. Por otro lado, la ley 30 819 modificó varios aspectos del Código Penal con la intención de que las penas aplicadas a los agresores fuesen más estrictas; por ejemplo, la pena mínima ante un femicidio es de 15 a 20 años de prisión.
Un aspecto importante es que quedó expresado en el marco legal que se considerarán delitos tanto los daños físicos como los psicológicos.
Durante el primer semestre de 2019 en Venezuela se registraron más de 1100 casos de abuso sexual a mujeres; así lo indican cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Diversos expertos aseguran que la profunda crisis política y económica que vive el país es clave en el aumento de los casos de violencia de género que se han presentado en lo que va de año.
Dado que existe una fuerte crisis institucional, estos casos no son tramitados de la forma adecuada, y los organismos del Estado fallan en dar respuestas oportunas a las afectadas.
Venezuela está atravesando la crisis migratoria más grande de su historia, y esto se refleja en la enorme cantidad de personas que se han desplazado a otros países en busca de mejores condiciones de vida.
Las mujeres y las niñas venezolanas son una población altamente vulnerable ante situaciones de violencia de género, dado que pueden ser utilizadas con fines sexuales u otros tipos de explotación.
Así mismo, se han registrado casos de abusos policiales a mujeres durante las muchas protestas llevadas a cabo por la población en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Entre las agresiones más destacadas se encuentran la desnudez forzada, los tocamientos sin invitación, las agresiones físicas y amenazas de violación. Todos estos delitos han quedado impunes.
Muestra de esta precaria situación es la prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Helicoide, en donde cuentan con una celda específica para mujeres abarrotada de personas y vigilada constantemente por funcionarios masculinos.
Además, testimonios de distintas personas indicaron que las mujeres allí recluidas son presionadas de forma permanente para recibir protección a cambio de relaciones sexuales.
Otro elemento preocupante es el tratamiento que se da a las familiares mujeres de políticos opositores perseguidos. Una vez los funcionarios dan con ellas, las interrogan y maltratan.
En Ecuador más de 60 mujeres fueron asesinadas en el primer semestre de 2019. Los datos fueron proporcionados por Alianza Mapeo, un ente que engloba varias organizaciones y que hace seguimiento a casos de violencia de género en el país.
Las provincias con mayores índices de asesinatos son Guayas y Latacunga, y el 54 % de los casos fueron utilizadas armas blancas para llevar a cabo el asesinato.
En Ecuador se repite la tendencia que se ha observado en otros países de habla hispana: la mayoría de los asesinatos fueron perpetrados por las parejas de las víctimas (62,7 %).
A partir de 2008 la cantidad de hombres asesinados ha disminuido, a diferencia de los femicidios. Desde 2004 en Ecuador ha habido 684 asesinatos de mujeres como consecuencia de violencia de género.
Hay un grupo de organizaciones que se ha dedicado de ser la voz de las víctimas y las poblaciones vulnerables, y exige respuestas por parte de los organismos gubernamentales. Tal es el caso de Ayuda en Acción.
Desde esta organización se reconoce el logro que ha significado la creación en 2017 de la Ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que se enfoca sobre todo en prevenir y en reconocer como violencia de género lo que ocurre dentro y fuera del ámbito familiar.
Sin embargo, también reconocen que no es suficiente. Parte de las acciones que pretenden llevar a cabo tienen relación con sensibilizar a la población sobre la igualdad de género y procurar que las víctimas sean independientes económicamente.
Para acercarse a este último reto, diversas organizaciones se han vinculado y ofrecen talleres, becas e incluso créditos blandos para emprendimientos.
Hasta junio de 2019 en Chile se registraron 29 asesinatos de mujeres. Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la causa de todos estos asesinatos fue la violencia de género.
Organizaciones privadas como Comunidad Mujer destacan que lo más importante es reformar la educación. Indican que hay aspectos culturales que normalizan las acciones agresivas hacia la mujer chilena, lo que permite que los casos de violencia de género se perpetúen.
En este contexto, vale decir que en enero de 2019 el Ministerio de Educación creó la Comisión por una Educación con Equidad de Género, en la que participaron organizaciones privadas y que presentaron más de 50 recomendaciones con la intención de generar consciencia sobre la igualdad de género.
Sin embargo, el plan educativo anunciado luego de estas reuniones apenas incluyó un enfoque basado en la igualdad de género. Según organizaciones como Comunidad Mujer, esto es síntoma de la poca disposición que existe por parte del aparato gubernamental.
Actualmente los juzgados uruguayos encargados de los casos de violencia de género reciben hasta 130 llamadas de emergencia diarias.
La mayoría de las quejas de los ciudadanos de Uruguay con relación a esto indican que la estructura no da abasto, por lo que no es posible denunciar los casos de violencia de género de forma oportuna.
En el primer semestre de 2019 se generaron 11 femicidios. De estos asesinatos hubo algunos cuyos agresores tenían impuestas medidas cautelares, pero las transgredieron sin ninguna contraloría por parte del Estado y, finalmente, cometieron los asesinatos.
La División de Políticas de Género del Ministerio del Interior indicó que desde 2005 hasta hoy las denuncias de casos de violencia de género han aumentado en un 580 %
En diciembre de 2017 se proclamó en Uruguay la ley 19 580, que se enfoca en prever, proteger y brindar apoyo a las mujeres en situación de riesgo ante la violencia de género.
Esta ley hace énfasis en la autonomía de las mujeres, así como en proteger especialmente a las niñas y adolescentes. Sin embargo, instituciones no gubernamentales señalan con preocupación que la ley no tiene un cumplimiento efectivo en la realidad.
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